En ciencias sociales se dice que algo es legítimo cuando se da de manera justa, correcta, conforme a lo establecido en la ley y lo aceptado por los pueblos sin emplear para ello la coacción o la fuerza. De acuerdo con la teoría jurídica, la legitimidad de un acto implica necesariamente que posea tres características: validez (que cuente con un correcto origen), justicia (que otorgue a cada uno lo que le corresponde) y eficacia (que se rija por las reglas del juego). Basta con que alguno de estos tres elementos falle, para que una acción deje de ser legitima. Son muchos los ejemplos donde observamos que lo legal no va acompañado de lo legitimo. Si un presidente llega al poder con la mayoría de los votos y una vez gobernando, cambia las leyes del país a su conveniencia para eternizarse en el poder, observamos que el mando de ese presidente es legal (por los votos obtenidos), pero ha perdido su legitimidad al cambiar las reglas del juego democrático y se ha convertido en un dictador.
La legalidad es muy importante para el ejercicio del poder en las sociedades civilizadas, donde se establecen los procedimientos para delimitar y vigilar a quienes ostentan el poder. De ahí la separación de poderes en toda democracia, que lo que pretende es evitar el polo opuesto a la democracia que supone la concentración de poder. Cuando un presidente de gobierno intenta concentrar el poder para hacer lo que le viene en gana pierde la legitimidad y la autoridad para obligar a los ciudadanos a su sometimiento. Los españoles hemos sido testigos esta semana de la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no acudir a la ronda de presidentes autonómicos convocada por Pedro Sánchez. Un hecho que el Gobierno ve “gravísimo” y la acusan de quebrar la “normalidad institucional” y azuzar el “belicismo”. Quienes hacen estas acusaciones llevan años gobernando sobre la excepcionalidad, polarizando al país y legislando a favor de una parte de la ciudadanía española, acciones injustas que deslegitiman al poder.
Moncloa cursó la invitación a la presidenta de la Comunidad de Madrid un día después de que el presidente del Gobierno la atacara desde Bruselas acusándola de haberse beneficiado del enriquecimiento de su pareja, al que definió como “delincuente confeso”. Muchos son los que pensamos que esa invitación del presidente se hizo con alevosía, ya que conocía la posible reacción de la presidenta ante su deslealtad institucional. Una reacción nada sorprendente puesto que Ayuso ya había avisado a su entorno y a la dirección del PP de los riesgos de acudir a la Moncloa. Uno de ellos, que sería una forma de blanquear a posteriori el pacto fiscal acordado bilateralmente entre socialistas e independentistas catalanes, otra, por las continuas deslealtades legales y personales del líder socialista hacia la presidenta Ayuso. El plante es un gesto de indiferencia a una convocatoria que es pura farfolla, con mucha apariencia y poca entidad. Pero, además, demuestra que no se puede pedir normalidad institucional con quien ha concedido la amnistía y ha perdido toda legalidad.
La crisis existente de las relaciones entre Sol y Moncloa no es reciente, ni siquiera está relacionada con un asunto. Si echamos la vista atrás, encontramos el estallido en las conversaciones entre el Gobierno central y el autonómico en aquellos meses de la pandemia, donde Sanidad activo los cierres perimetrales en octubre de 2020 y marzo 2021, tildados por Ayuso como “arbitrarios”. La presidenta nunca se ha achicado ante las muestras desorbitadas de poder del Ejecutivo y eso ha agigantado su figura obteniendo unos resultados electorales que nadie puede negar. No es de extrañar que, para Pedro Sánchez, la presidenta Ayuso sea una obsesión patológica. Una obsesión capaz de poner todo el aparato del Estado para atacarla ante cualquier situación, lo cual, deteriora la calidad democrática y ha roto el clima necesario para que exista un orden institucional, que es la antesala del respeto a las reglas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado muestras sobradas de tener sentido común. Ese sentido que el filoso escocés Thomás Reid consideraba como el conjunto de verdades intuitivas y evidentes en los que el ser humano (educado o no educado) se puede desempeñar como un “juez competente”. En el caso de Ayuso, este sentido, le lleva a ser la antítesis política y moral de Sánchez. Si se le critica a la presidenta la defensa que hace de su novio, podemos decir que es lo mismo que lleva haciendo el presidente del Gobierno con su esposa: mezclar lo personal y lo institucional en su defensa. Lo cierto es que va siendo hora de que alguien con autoridad le plante cara al déspota, y haga cierto el dicho popular de que “El valiente vive hasta que el cobarde quiere”.
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