En el Viejo Continente la democracia se consiguió con sangre, guerras, revoluciones, agitaciones sociales, reclamación de derechos políticos y civiles. Por lo tanto, resulta normal estar orgulloso de disfrutarla. La democracia es mucho mas que una forma de gobierno, y lo es porque hay formas de gobierno que amparándose en ella la transforman en mucho menos. Así, la democracia pretende dar orden y cauce a las exigencias sociales, convirtiéndose en la herramienta legitimadora de los llamados Estados liberales modernos. Sin embargo, se observa que se está utilizando a la democracia sólo como un proceso legitimador, no como una constitución política, donde el Parlamento resulta ser un espacio de representación de partidos políticos e intereses económicos, no del Pueblo, ni de sus intereses. Unos partidos que asumen el lenguaje, ideario y praxis populista.
Uno de los efectos mas nocivos del populismo sobre el Estado constitucional es la erosión de la democracia liberal. Una erosión, que tiene un carácter gradual y limitado, así como la apariencia de normalidad institucional, lo que le permite ser más difícil de detectar y, como consecuencia, más costoso reaccionar contra ella por parte de las instituciones. No entiende de límites al poder ya que interpreta que representa al “pueblo” en forma directa. Esto genera falta de controles y concentración del poder y, para esto último, no se detendrán ante nada e intentaran protegerse ante los demás con ese barniz que lo llaman “progresismo”.
Ese barniz de progresía, bautizado por el actual Gobierno español con el autobombo de “mayoría progresista”, no es otra cosa que la unión de una serie de partidos con intereses varios, pero con un propósito común: la disolución de la Constitución y la abolición de la monarquía parlamentaria. Para ello se les llenara la boca de palabrería populista y de considerarse los verdaderos representantes (y al parecer únicos) de la soberanía popular. Sus desmanes, ante esa consideración, les hará creer que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran, pues sus acciones quedan avaladas por el “pueblo”.
Por eso, para conseguir su propósito, van erosionando la democracia liberal poco a poco, sin grandes algaradas, pero con acciones irreversibles. Es curioso que el presidente repite hasta la saciedad, único argumento ante tanto despropósito, de que el principal partido de la oposición es anticonstitucional, siendo precisamente él a quién el Tribunal Constitucional (TC) le ha tumbado más de cinco normas o procedimientos. Quien se salta la Constitución es Pedro Sánchez, que tiene el honor de pertenecer a ese grupo de dirigentes que en el siglo XXI intentan subvertir los fundamentos de las democracias que presiden para adaptarlas a sus intereses.
Vemos pues como, el de este lunes, no ha sido el primer disgusto dado a sus intereses. Parece ser que los socialistas lo han intentado otras veces, sin ir mas lejos el presidente Montilla ya intentó desprestigiar al TC en el año 2010 al rechazar su sentencia sobre el Estatut que le derribó 14 artículos del texto estatutario. Pero la soberbia del presidente del Gobierno es tan grande que, unida a las conveniencias de los partidos que lo sustentan, establece un despotismo que intenta gobernar con un solo poder: el suyo, burlándose de la separación de poderes del Estado.
A pesar de la minoría parlamentaria socialista, y sabedores que todas sus acciones serán apoyadas por esa “mayoría progresista”, han presentado de forma apresurada las enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprovechando el debate sobre la reforma del Código Penal. Una acción criticable, según el catedrático de Derecho Constitucional Josep M.ª Castellá, al agravar el deterioro del sistema de pesos y contrapesos establecidos en cualquier sistema democrático constitucional.
