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"Cuando la vista se cruza con el deseo, haz que impere la razón".
(José A. Puig)





domingo, 19 de enero de 2020

POLITIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES


Suele tomarse como síntoma de politización la arbitrariedad en el reparto de los cargos. Según la vox populi, algunas asociaciones judiciales funcionan como apéndices de los principales partidos políticos. En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (con un 29% de los afiliados entre la judicatura) junto a Jueces para la Democracia (con un 12% de afiliación) ambas en conexión, respectivamente, con el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ambas asociaciones suman solamente el 41 por ciento de la carrera judicial, si bien copan el 70 por ciento de las designaciones para altos cargos efectuadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) –según datos de prensa. Victoria Rodríguez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, concluye en su tesis doctoral, “La Politización de la Justicia: instrumentos a favor de una mayor separación de poderes como presupuesto necesario para una democracia de calidad” 2015, que el poder judicial está politizado.
Muchas veces resulta difícil ver la línea roja que separa la Política de la Justicia. Son muchas las veces, demasiadas diría yo, que los políticos intentan eliminar esa línea. La deriva del CGPJ ha sido constante desde que el gobierno de Felipe González decidiera modificarlo en 1985 para que “todos los jueces y sus miembros fueran elegidos por el parlamento”. Hay que recordar que previamente había jueces que eran elegidos entre ellos, lo cual funcionaba muy bien. Pero entonces se pasó a que diez los eligiera el Congreso y diez el Senado. Las claves del libro, de la profesora Rodríguez, es que confirma las sospechas de unos ciudadanos que sitúan a España a la cola junto con Bulgaria en el grado de percepción de la politización de la Justicia. A la pregunta de qué intereses tiene la clase política en controlar los altos tribunales, su respuesta no deja lugar a dudas: “porque son los partidos políticos los que ventilan en estas altas instancias judiciales y en condición de aforados las acusaciones de corrupción y otras cuestiones importantes”.
Si en 1985, cuando el partido socialista aprovechó la mayoría parlamentaria que poseía para reformar la Ley del Poder Judicial, se cargaron la independencia del poder judicial enterrando al barón de Montesquieu, el filósofo que defendió la independencia de los tres poderes del Estado. Ahora, cuando el PSOE ve que la justicia no se dobla a sus deseos, emprende inmediatamente el cambio de las cosas y vuelve a sacar los restos del filósofo para incinerarlo. Así lo hace con el nombramiento, como fiscal general del Estado, de la socialista Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y diputada del PSOE que en las últimas elecciones pedía el voto para el partido socialista. Pero lo peor es que a Sánchez ni siquiera le preocupa que tenga la más mínima apariencia de independencia. Tras arrasar con la Abogacía del Estado, forzando a esta institución a cambiar su opinión respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras para poder ser investido, el presidente destroza ahora la Fiscalía General del Estado para acabar con la judicialización del que ahora llama “conflicto político catalán”, así como para blindar a su vicepresidente Pablo Iglesias de las indagaciones de la fiscalía boliviana que investiga si el dinero procedente del narcotráfico sirvió para financiar a Podemos.
Si en 2006, Cándido Conde Pumpido, el fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, a los tres días de llegar a la presidencia degradó el cargo que representaba afirmando aquello de que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”, en relación a que los fiscales se adaptarían a la situación política en relación con el “alto el fuego” declarado por ETA. Ahora, por desgracia, veremos otro fiscal general del Estado, Dolores Delgado, degradando nuevamente el cargo y exonerando a los sediciosos catalanes puestos en prisión por el Tribunal Supremo. El epígrafe introducido por el PSOE en su propuesta progresista, “Justicia independiente”, es tanto como reconocer que la Justicia no lo es. El que la justicia esté atada, o dependa del poder político, es algo especialmente grave si tenemos en cuenta que la Justicia, el poder judicial, en definitiva, debería de ser, el gran garante del Estado de derecho y de la separación de poderes, controlando especialmente al poder ejecutivo frente a sus excesos.
La decisión del PP de no pasar por el aro socialista a la hora de pactar la reforma de órganos judiciales clave no solo es coherente, sino que supone un acierto político evidente. Lo que pretende el Gobierno social comunista no es otra cosa que derribar los muros de contención del Estado de Derecho para servir a los intereses de los separatistas catalanes. Que Sánchez apele a un pacto con el PP justo a la vez que cometía la indignidad de convertir a Dolores Delgado en fiscal general del Estado es revelador de hasta dónde llega su desvergüenza. La politización de los órganos judiciales por parte del PSOE no tiene precedentes y su objetivo tampoco: se trata de desjudicializar el procés y liberar al golpismo de cualquier responsabilidad penal. Por eso Dolores Delgado será fiscal general del Estado: para debilitar al Estado y pagar el precio al golpismo de su apoyo a la investidura.

José Antonio Puig Camps. AGEA Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)
Blog: http://josantoniopuig44.blogspot.com.es/
Twitter: @japuigcamps
Publicado 19-01-2020