Suele tomarse como
síntoma de politización la arbitrariedad en el reparto de los cargos. Según la
vox populi, algunas asociaciones judiciales funcionan como apéndices de los
principales partidos políticos. En concreto, la Asociación Profesional de la
Magistratura (con un 29% de los afiliados entre la judicatura) junto a Jueces
para la Democracia (con un 12% de afiliación) ambas en conexión,
respectivamente, con el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE). Ambas asociaciones suman solamente el 41 por ciento de la
carrera judicial, si bien copan el 70 por ciento de las designaciones para
altos cargos efectuadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) –según
datos de prensa. Victoria Rodríguez, profesora de Ciencias Políticas de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, concluye en su tesis doctoral, “La
Politización de la Justicia: instrumentos a favor de una mayor separación de
poderes como presupuesto necesario para una democracia de calidad” 2015, que el
poder judicial está politizado.
Muchas veces resulta
difícil ver la línea roja que separa la Política de la Justicia. Son muchas las
veces, demasiadas diría yo, que los políticos intentan eliminar esa línea. La
deriva del CGPJ ha sido constante desde que el gobierno de Felipe González
decidiera modificarlo en 1985 para que “todos los jueces y sus miembros fueran
elegidos por el parlamento”. Hay que recordar que previamente había jueces que
eran elegidos entre ellos, lo cual funcionaba muy bien. Pero entonces se pasó a
que diez los eligiera el Congreso y diez el Senado. Las claves del libro, de la
profesora Rodríguez, es que confirma las sospechas de unos ciudadanos que
sitúan a España a la cola junto con Bulgaria en el grado de percepción de la
politización de la Justicia. A la pregunta de qué intereses tiene la clase
política en controlar los altos tribunales, su respuesta no deja lugar a dudas:
“porque son los partidos políticos los que ventilan en estas altas instancias
judiciales y en condición de aforados las acusaciones de corrupción y otras
cuestiones importantes”.
Si en 1985, cuando el
partido socialista aprovechó la mayoría parlamentaria que poseía para reformar
la Ley del Poder Judicial, se cargaron la independencia del poder judicial
enterrando al barón de Montesquieu, el filósofo que defendió la independencia
de los tres poderes del Estado. Ahora, cuando el PSOE ve que la justicia no se
dobla a sus deseos, emprende inmediatamente el cambio de las cosas y vuelve a
sacar los restos del filósofo para incinerarlo. Así lo hace con el
nombramiento, como fiscal general del Estado, de la socialista Dolores Delgado,
ex ministra de Justicia y diputada del PSOE que en las últimas elecciones pedía
el voto para el partido socialista. Pero lo peor es que a Sánchez ni siquiera
le preocupa que tenga la más mínima apariencia de independencia. Tras arrasar
con la Abogacía del Estado, forzando a esta institución a cambiar su opinión
respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras para poder ser investido, el
presidente destroza ahora la Fiscalía General del Estado para acabar con la
judicialización del que ahora llama “conflicto político catalán”, así como para
blindar a su vicepresidente Pablo Iglesias de las indagaciones de la fiscalía
boliviana que investiga si el dinero procedente del narcotráfico sirvió para
financiar a Podemos.
Si en 2006, Cándido
Conde Pumpido, el fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez
Zapatero, a los tres días de llegar a la presidencia degradó el cargo que
representaba afirmando aquello de que “el vuelo de las togas de los fiscales no
eludirá el contacto con el polvo del camino”, en relación a que los fiscales se
adaptarían a la situación política en relación con el “alto el fuego” declarado
por ETA. Ahora, por desgracia, veremos otro fiscal general del Estado, Dolores
Delgado, degradando nuevamente el cargo y exonerando a los sediciosos catalanes
puestos en prisión por el Tribunal Supremo. El epígrafe introducido por el PSOE
en su propuesta progresista, “Justicia independiente”, es tanto como reconocer
que la Justicia no lo es. El que la justicia esté atada, o dependa del poder
político, es algo especialmente grave si tenemos en cuenta que la Justicia, el
poder judicial, en definitiva, debería de ser, el gran garante del Estado de
derecho y de la separación de poderes, controlando especialmente al poder
ejecutivo frente a sus excesos.
La decisión del PP de
no pasar por el aro socialista a la hora de pactar la reforma de órganos judiciales
clave no solo es coherente, sino que supone un acierto político evidente. Lo
que pretende el Gobierno social comunista no es otra cosa que derribar los
muros de contención del Estado de Derecho para servir a los intereses de los
separatistas catalanes. Que Sánchez apele a un pacto con el PP justo a la vez
que cometía la indignidad de convertir a Dolores Delgado en fiscal general del
Estado es revelador de hasta dónde llega su desvergüenza. La politización de
los órganos judiciales por parte del PSOE no tiene precedentes y su objetivo
tampoco: se trata de desjudicializar el procés y liberar al golpismo de
cualquier responsabilidad penal. Por eso Dolores Delgado será fiscal general
del Estado: para debilitar al Estado y pagar el precio al golpismo de su apoyo
a la investidura.
José Antonio Puig Camps. AGEA
Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)
Blog:
http://josantoniopuig44.blogspot.com.es/
Twitter: @japuigcamps
Publicado 19-01-2020