Históricamente hay dos momentos donde el concepto de ciudadanía evolucionó: siglo XII, cuando los países medievales comienzan lentamente a asumir un rol regulador de los derechos civiles; y el siglo XVIII, cuando se produce una ampliación de los derechos sociales al ciudadano que dejo de ser súbdito. Es precisamente a fines de la edad moderna, especialmente con la revolución francesa y americana, cuando se comienza a demandar un espacio de participación política para los habitantes del Estado. Pero no todos eran ciudadanos, quedaban excluidos los aristócratas, los extranjeros, los criminales, las mujeres y los marginales. El ejercicio pleno de la ciudadanía quedaba aún muy distante.
Uno de los principales retos de la actual teoría de las libertades consiste en precisar el significado y alcance de la noción de ciudadanía. No podemos hablar de ciudadanía sin citar al sociólogo británico Thomas Humphrey Marshall, que en 1950 publicó “Ciudadanía y clase social”, un ensayo basado en la conferencia anual en Cambridge que dio Alfred Marshall (economista) en 1885 para plantear el problema de “la igualdad social”. Este libro se convirtió en un referente dando lugar, en parte, a la construcción teórica del Estado del bienestar, y agitó particularmente el debate académico en el siglo pasado, saltando entonces a la primera línea del interés internacional. Su obra hay que contextualizarla en aquellos años, con una Europa incendiada tras la Segunda Guerra Mundial, y su deseo de contribuir en la reconstrucción del nuevo mundo postbélico que obligaban a redefinir el análisis de los conceptos de “ciudadanía” y “clase social”.
Para Marshall, la ciudadanía queda definida como “aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad”, y señala la existencia de una tendencia hacia la expansión de los derechos de la ciudadanía: civiles (integrado en las capacidades del ejercicio de las libertades individuales), políticos (el derecho a la participación en el poder político) y sociales (como garantía a una vida digna y al bienestar social de los individuos). Para este sociólogo el “prejuicio y la parcialidad de clase”, junto a la “distribución desigual de la riqueza”, son factores muy influyentes a que ciertas personas no puedan protegerse social y económicamente. Factores que muestran que el individuo no es solo un sujeto racional (homo oeconomicus), sino un ser capaz de tener un sentido de la justicia a partir de su percepción de trato social, económico y moral, y que recibe de la sociedad en la que vive y de sus semejantes.
Si bien la democracia representativa y plural vio su triunfo a nivel mundial en los últimos dos lustros del siglo pasado. Esta conquista, poco a poco se ha ido deteriorando por el descrédito de los partidos y las instituciones políticas, la falta de honestidad de sus programas políticos y sus dirigentes, así como la corrupción existente. La estructura política creada ha debilitado los poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) y, con ello, el resurgimiento del nacionalismo, integrismos étnicos y fundamentalismos religiosos. Un resurgimiento que ha minado la soberanía del pueblo español y la democracia plena, donde el concepto de ciudadanía ya no es de pleno derecho de una comunidad sino de varias enfrentadas. Así, se llega a concebir un modelo de Estado patrimonialista y personal, sostenido sobre una malla asistencial clientelar y corporativista, totalmente ajeno al igualitarismo propio de una ciudadanía moderna y solo al servicio de los intereses del dirigente y su séquito. Un modelo así carecerá de una ciudadanía que trate de empoderar al sujeto moral, al sujeto ético, al sujeto de derechos y al sujeto ciudadano, volviendo a la condición de súbdito tan alejado de toda democracia plena.
