EL ONE

“Nunca me podría imaginar que un expresidente del Gobierno pudiera ser imputado”, dijo Julio Martínez, investigado por la trama Plus Ultra y amigo personal de Zapatero. La sorpresa del Administrador de “Análisis Relevante” tenía su sentido ya que a punto estuvo de tener razón en su confianza de que, al expresidente no le iba a pasar nada. Tenía sus razones al ver que el asunto del rescate se había enterrado con el concurso de la Fiscalía (que de quién depende) y de la Abogacía del Estado que lo hace de Bolaños. Esto no es ninguna novedad ya lo hemos visto otras veces en procedimientos que afectan al gobierno, donde estos organismos no solo no acusan, sino que defienden intereses que son espurios.

La rapidez con que el gobierno de Sánchez cerro el rescate se puso de manifiesto en el verano de 2021 cuando la jueza titular que llevaba el caso, Esperanza Collazos, se fue de vacaciones y no pudo detener la entrega del dinero prevista. El juez sustituto Jaime Serret, aprovecho el momento para liberar el ansiado dinero (34 millones de euros) de los 53 aprobados. Al volver de vacaciones la titular juez Collazos quiso retomar el asunto y llamó a declarar a los socios de Plus Ultra, pero la Audiencia de Madrid lo impidió al haberse pasado el plazo de un año de instrucción sin prorrogar, indicándole que debía archivar el caso.

Pero la providencia, a veces, hace aflorar la verdad de los hechos. Debido a una investigación internacional sobre un bróker peruano que intentaba mover toneladas de oro desde Venezuela hacia Dubái, se abrió una vía que permitió a las autoridades suizas y francesas rastrear pagos a empresarios y exdueños de Plus Ultra, destapando el rol de Zapatero como presunto facilitador de operaciones internacionales (oro, divisas y petróleo) a cambio de comisiones. El entramado utilizaba sociedades instrumentales en España, Suiza, Francia y Panamá para desviar fondos. La Unidad Central Operativa (UCO) y la UDEF sospechan que estas comisiones se triangulaban para terminar en cuentas personales vinculadas a Zapatero y a su entorno familiar (como pagos a empresas de sus hijas).

La investigación, dirigida por el juez José Luis Calama, señala que Zapatero utilizó su influencia política para lograr el rescate de (53) millones de euros a Plus Ultra en 2020. El canalizador de los fondos fue el empresario Julio Martínez, amigo personal de Zapatero, quien cobró comisiones de aproximadamente el (1 %) por la operación. En el sumario de la Audiencia Nacional, el hilo conductor de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra y a operaciones ilícitas del régimen venezolano.

La imputación de Zapatero era algo que se veía venir desde el pasado 11 de diciembre cuando la Policía Nacional detuvo a los máximos responsables de la aerolínea Plus Ultra y al testaferro Julio o Julito Martínez. Y como era previsible, el Gobierno y el Psoe han salido rápidamente a insinuar que lo único que hay es una persecución de la extrema derecha. Una insinuación irresponsable que pone en entredicho una instrucción judicial, pues ningún juez procedería a imputar a un expresidente del Gobierno por tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal sin tener los indicios y pruebas suficientes. Y por mucho que Pedro Sánchez quiera desvincularse de este asunto, y visite al Papa para mostrar lo contrario, no podrá hacerlo.

Ayer 27 de mayo, los acontecimientos dejaron al Psoe y al tinglado del sanchismo en shock: registro de sedes del Psoe y de la Fundación Pablo Iglesias; la Guardia Civil irrumpiendo en la DG del cuerpo en busca de pruebas de la coacción a sus agentes para defender al aparato sanchista; orden del juez Pedraza para investigar la financiación de la campaña 2024 de Illa; y como el Psoe organizó por orden superior una operación de descrédito de los jueces, y fuerzas de seguridad que investigaban a la mujer y el hermano de “El One”. Y es así, porque todos los caminos llevan al que Santos Cerdán y Leire denominaban El One cuando trabajaban en las cloacas para desacreditar a la UCO, jueces, fiscales y periodistas problemáticos ¿Adivina adivinanza quién será el nominado? Pues eso.

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo) 

Publicado el 29-05-2026

LOS INCUMPLIMIENTOS AFECTAN LA CREDIBILIDAD

Desde el 2 de junio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez tomo las riendas del Estado como presidente de Gobierno. Han pasado casi ocho años y la única percepción sobre la utilidad de sus acciones y declaraciones se centran en su supervivencia política y la permanencia en el poder. Sus cambios de posición, como los relativos a los indultos, la amnistía, los pactos con partidos como Bildu o su rechazo a una coalición de gobierno con Unidad Podemos (que no le dejarían dormir tranquilo), han sido herramientas para asegurar el apoyo necesario para gobernar sin importarle el daño que pudiera causar al futuro de España. Sin embargo, este presidente está multiplicando las iniciativas de carácter internacional con la esperanza de conseguir el prestigio que interiormente no ha sido capaz de obtener a lo largo de su legislatura.

Una esperanza que no se ajusta a la realidad ante los bandazos llevados a cabo por Pedro Sánchez y alguno de sus ministros en materia de política exterior. Son varios los conflictos diplomáticos que han protagonizado con países que deberían ser nuestros aliados. The Times, Le Monde, AP News…no han tenido reparos describiendo a Sánchez de forma negativa: “los españoles se merecen algo mejor” (The Times) o recalcando la escasa relevancia internacional en el exterior. La última cumbre de la OTAN fue escenario del enfrentamiento internacional protagonizado por el presidente ante sus aliados que tras firmar el acuerdo de gasto en Defensa del 5%, sin mostrar por su parte disconformidad alguna, tuvo la cobardía de ufanarse posteriormente ante los medios indicando que solo gastará el 2%. Esta actitud causó un profundo malestar en el Gobierno de Donald Trump que indicó “España es un problema”. Un malestar que ha ido creciendo tras sus reuniones con el presidente de China, XI Jinping, y los contratos firmados con la firma china Huawei, que puede gestionar las escuchas telefónicas y que incluso ha provocado los recelos de Bruselas. Las relaciones diplomáticas entre España e Israel están prácticamente rotas. Y los sometimientos a Marruecos es constante con sus cesiones al régimen marroquí, siendo la más perturbadora su apoyo a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. La cesión del Sahara a Marruecos (2022) origino otro conflicto con Argelia.

El incumplimiento de los deberes de este gobierno es algo ya naturalizado, como el incumplir la obligación constitucional (Art 134) de presentar los PGE anualmente, por lo que la nación no puede contar con la ley más relevante, e instrumento esencial para el desarrollo de las políticas públicas de cualquier orden como la de planificar la economía del Estado: sin presupuestos no se planifica y sin planificación se intenta engañar para cuadrar las cuentas. Así lo ha denunciado el Tribunal de Cuentas por utilizar Moncloa los fondos europeos (destinados a la recuperación económica) para pagar las pensiones (desvío de 2.389 millones de euros para clases pasivas y otros complementos). Un engaño que ignora el criterio de Bruselas de que esas ayudas están para sostener proyectos transformadores y no para sufragar gastos corrientes. Europa ha confirmado que Sánchez no es de fiar. Las consecuencias de esta chapuza con los fondos europeos pueden acarrea repercusiones económicas y judiciales, y por supuesto la credibilidad y confianza ante nuestros socios.

Cada vez que este gobierno tiene que dar la cara por algún desastre natural o tecnológico aplica siempre la misma táctica: asumir las competencias si le beneficia y si no, echar el marrón a otro. Eso lo hemos visto muchas veces: incendios forestales, inundaciones (Dana), accidentes ferroviarios… En el asunto de las infecciones por hantavirus, del MV Hondius, el Ejecutivo central no ha dudado en tomar las riendas de la situación, y en restar competencias al Gobierno de Canarias, llegando a convertirlo en un espectáculo mundial con un doble objetivo: hacer visible la dimensión internacional de su gestión (“el mundo nos mira”), y postular a alguno de sus ministros a la Jefatura de la OMS en 2027. Esta actitud de tomar las riendas pone en entredicho la actuación de Pedro Sánchez después de la Dana. Si Mazón se negaba a solicitarles el estado de alarma, el Ejecutivo podía haberlo hecho con el fin de agilizar la atención a las víctimas de ese desastre, pero prefirió mirar a otro lado y sacar redito político. Su desprecio hará historia: “Si necesitan ayuda que la pidan”. Quizá en esta ocasión el mundo no debía mirarnos lo suficiente.

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)

Publicado 12-05-2026 

CONVICCION Y RESPONSABILIDAD

El sociólogo alemán Max Weber definió la sociología como la ciencia que busca comprender interpretativamente la acción social —conductas humanas con sentido subjetivo referido a otros— para explicarla causalmente. En su ensayo “La política como profesión”, Weber define la política como la aspiración a participar en el poder y establece que el político profesional debe combinar la pasión, la mesura y la responsabilidad. En su ensayo diferencia la ética de la convicción (fidelidad absoluta a principios) de la ética de la responsabilidad (prever las consecuencias), siendo esta última la esencial para el ejercicio político. Al político auténtico la convicción le proporciona la motivación, siendo la responsabilidad la que debe guiar sus acciones para evitar el caos.

Siendo importante la convicción, hay muchos políticos que no calibran adecuadamente sus consecuencias, ya que al estar guiados por principios ideológicos rígidos no son capaces de valorar el impacto real que sus decisiones pueden tener sobre la sociedad. Esta tendencia puede derivar en políticas poco pragmáticas, ya que su fidelidad ideológica prevalece sobre la responsabilidad de asumir los efectos de sus acciones políticas o profesionales. Weber advertía de esta circunstancia al indicar que el sociólogo debe separar sus valores personales de la investigación científica para alcanzar objetividad. Y eso lo que estamos viendo con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el sociólogo José Feliz Tezanos, que hace prevalecer en sus encuestas su partidismo político a la objetividad que requiere su responsabilidad institucional.

Hay políticos cuya convicción es la búsqueda de su propio beneficio en lugar del bien común lo que le aleja de la responsabilidad ética del estadista. Bajo el prisma de la ética de la convicción, la forma en que Pedro Sánchez está gobernando, sería duramente criticado al priorizar el fin (presidir el gobierno) sobre los principios innegociables a los que ha accedido (como pactar con formaciones que prometió no hacerlo). Esta falta de convicción le lleva a un “apetito de poder” vacío de ideales y de responsabilidad que le incapacitan para prever las consecuencias a las que nos está llevando. Si Weber hubiera conocido a Sánchez lo habría puesto como ejemplo del político incapaz de distinguir la ética de las convicciones de sus consecuencias, ya que sus criterios morales y políticos varían en función de las circunstancias que le pueden interesar.

Su política exterior es fiel reflejo de su política interior. La cumbre de Barcelona (un guateque pagado por el anfitrión del acto, Alex Soros) no deja de ser una réplica de su mayoría parlamentaria, un grupo de gobernantes solapados al comunismo de Xi Jinping que incorpora a España al archipiélago comunista chino en detrimento de Occidente y de la Unión Europea. Una desfachatez que no tiene reparos en alzarse con la bandera de la democracia, ni en encumbrarse como líder internacional de la izquierda. Un adalid que con su impronta “no a la guerra” la hace difícil de digerir con quién es homenajeado por Irán, China, Hezbolá, Hamás, el chavismo y toda la extrema izquierda indigenista.

Su veleidad le hace mentir y creerse lo que dice, sin importarle las consecuencias. En su último viaje a Pekín indicaba la necesidad de “respetar el derecho internacional”, siendo su Ejecutivo el primero en no respetarlo al incumplir 27 condenas por las renovables, cuyos laudos pendientes de pago suman más de 2.300 millones de euros, una deuda que no se estaría acumulando si España se limitase a “respetar el derecho internacional”, algo que choca abiertamente con su discurso sobre la seguridad jurídica y el imperio de la ley. Su relativismo moral le lleva descaradamente al cinismo y la arbitrariedad. Como su empalagosa complicidad con China, un régimen que viola los derechos humanos, que encarcela a los disidentes, que ha aplastado la libertad en Hong Kong, y que se ha anexionado el Tíbet. Su falta de ética de convicción y de responsabilidad le hace unirse con el

dictador Xi Jinping en el “lado correcto de la historia”. ¡Es China, estúpido! Donde el derecho de los individuos es un lujo prescindible.

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)

Publicado 22-04-2026 (Papa ❤)