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MI Frase
"Cuando la vista se cruza con el deseo, haz que impere la razón".
(José A. Puig)





viernes, 6 de febrero de 2026

LA PERVERSION DE LA DEMOCRACIA

Heinrich Karl Bukowski, conocido como Charles Bukowski, definió con cinismo la diferencia entre democracia y dictadura afirmando que, en la primera, uno vota antes de obedecer órdenes, mientras que en la segunda no es necesario perder el tiempo votando. Este relevante escritor y poeta alemán, mostró un desprecio por las estructuras convencionales y la autoridad, aunque posiblemente describió una realidad de la democracia con la que muchos estarían de acuerdo viendo lo que sucede en nuestro país. Una España que tiene un Ejecutivo que no gobierna, que no tiene un programa coherente de país, que gestiona mal y que ha renunciado a ejercer un liderazgo económico e institucional en favor de las exigencias particulares de ese conglomerado de fuerzas políticas que lo sustentan. Son la hueste de un mal Gobierno, sus coaligados, cómplices de la corrupción socialista, que se aferran al resistente por interés lucrativo. Es la perversión de la democracia donde el interés de unos partidos prevalece sobre la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y del interés general.

Las consecuencias de este modelo es la parálisis estructural de un país que encadena tres ejercicios presupuestarios sin aprobar nuevas cuentas y funcionando con los de 2023. Es un estado de estancamiento crónico derivado de fallas profundas en su economía, instituciones o infraestructura, caracterizado por un alto paro, déficits públicos persistentes, y un modelo productivo de bajo valor añadido. Con este panorama es evidente que el Gobierno carece de capacidad política para planificar, priorizar y ejecutar una política seria encaminada a atraer inversión y ganar productividad. Es un Ejecutivo con mucho gasto corriente poco productivo, donde se gasta, pero no se invierte. Se despilfarra en estructuras administrativas, subvenciones e imagen, mientras el mantenimiento y la modernización de infraestructuras se descuidan.

Este problema presupuestario es coherente con la nefasta gestión del Gobierno, donde cada vez que nuestro país tiene que hacer frente a una catástrofe o situación de caos, su repuesta es tardía, descoordinada y politizada. Un ejemplo de ello lo vimos con la DANA en Valencia: ayuda estatal tardía, descoordinación patente, clara motivación política y no por falta de medios. España no carece de medios al disponer de unos fondos europeos sin precedentes y unos ingresos con máximos históricos tras la pandemia, encadenando récords de recaudación por la elevada presión fiscal que supera el 42% del PIB. Es como decía Aristóteles una forma de gobierno incorrecta o pervertida, donde los gobernantes actúan para beneficio propio en lugar del bien común.

El accidente ferroviario en Adamuz es la desgraciada prueba de como la falta de mantenimiento y modernización de la red ferroviaria ha costado la vida, por ahora, a 46 personas. La catástrofe cordobesa ha enterrado también, junto a esas víctimas, la sensación de seguridad de un tren que había simbolizado el paso de España a la era moderna. Dos semanas después del accidente, el caos sigue instalado en las estaciones y el responsable ministerial presume de su gestión ante los diputados que le criticaban en el Congreso: “les molesto porque lo hago muy bien”. Hay que tener cara dura. Si de algo puede presumir es la de ser el rey del zasca, que junto a su socio Rufián pelean por mantenerse en el olimpo de los provocadores.

Es la persistente perversión del uso indebido de la democracia de un Ejecutivo que emplea sus mecanismos (elecciones, leyes, libertades) para socavar sus cimientos, sustituyendo el bien común por intereses particulares, la corrupción estructural y la desinformación. Esto degrada la soberanía popular y deteriora la convivencia democrática. Pero que más le da a un Pedro Sánchez que ignora el orden establecido, las estructuras de poder o los estándares éticos convencionales con tal de lograr sus propios objetivos. Defiende a su ministro porque da la cara, más bien lo que da es una serie de explicaciones incompatibles entre sí para construir un relato cuya finalidad es impedir que vea la luz una verdad incómoda. Para ellos, el cambio climático no tuvo la culpa en la dana de Valencia fue Mazón y la del accidente de Adamuz es el cambio climático. ¡Vaya tropa! Utilizan sin pudor la mentira para evitar lo más difícil: decir la verdad y asumir sus consecuencias.

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)

Publicado 06-02-2026 

jueves, 22 de enero de 2026

NO POLITIZAR LA DESGRACIA

Un nuevo accidente ferroviario, en Adamuz (Córdoba), azota de nuevo las entrañas de los españoles. El hecho ocurrió el pasado 18 de enero, entorno a las 19,45 horas de la tarde, cuando un tren de Iryo (trayecto Málaga-Madrid) descarrilo invadiendo la vía contigua y chocando (¿?) con otro tren Alvia que circulaba en sentido contrario (trayecto Madrid-Huelva). El incidente nos trae a la memoria otra desgracia acaecida quince meses antes en la Comunidad Valenciana, ambos infortunios han destrozado familias que han perdido seres queridos. Y en ambos casos planea la idea de una gran falta de competitividad, eficiencia y responsabilidad de las instituciones afectadas.

En el caso de Adamuz, la izquierda mediática empieza a ponerse la venda antes de la herida, diciendo: ¡No politicéis la desgracia!, al ser conocedores de que el accidente ferroviario va a salpicar de lleno al Gobierno y a su partido político. Es curiosa esa actitud en un socialismo que ha politizado todo aquello que le ha servido para atacar a su adversario político. Recordemos la politización del caso Prestige, o el atentado de Atocha cuya politización dio un vuelco electoral que se veía imprevisible, o que las muertes de ancianos por Covid solo están en Madrid, o que los responsables de las muertes por la “dana” en la Comunidad Valenciana tienen un solo culpable: el PP. No politicéis dicen quienes ante cualquier desgracia miran primero al signo del Gobierno de turno y luego deciden si ha sido una catástrofe natural o un signo de incompetencia.

Una de las características del sanchismo, a lo largo de su gobierno, ha sido el de privilegiar la ideología a la meritocracia. El esfuerzo, la formación o la experiencia pesan menos que la afinidad ideológica, las redes de poder o la identidad política en determinados ámbitos. Esta es la sensación que anida en la ciudadanía española ante la politización de las instituciones con nombramientos “de partido”, falta de transparencia en procesos de selección pública o en subvenciones, y ayudas o decisiones técnicas de importancia que acaban tomándose por interés ideológico. Este es el panorama de nuestra España, la de un país parasitado donde el mérito para el puesto radica en estar cerca del amo y hacer lo que él te pida. Ese interés partidista es el que el sanchismo ha utilizado en el Ministerio de Transportes poniéndolo en las manos corruptas de Ábalos, luego, en la reprobada Raquel Sánchez, y ahora en el oportunista Oscar Puente, donde a pesar del ciclo boyante de recursos no han sabido frenar este caos.

La meritocracia es esencial en la función pública y una premisa para la neutralidad y la eficacia de las instituciones. Cuando esa lógica se deteriora, se resiente la confianza ciudadana y se debilita la independencia de las instituciones. Dos accidentes mortales en tres días (Adamuz y Cercanías de Cataluña) conforman un balance insoportable que se está traduciendo ya en una percepción de falta de control en la red ferroviaria. En este contexto, el Gobierno parece decidido a repetir el patrón con el que se condujo en la crisis del apagón: no ofrecer respuestas claras y tratar de enmarañar las explicaciones para confeccionar un relato que les permita eludir las responsabilidades.

No politicéis la desgracia… tan solo porque no lo pueden politizar ellos. La tragedia de Adamuz con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos ha sido el accidente más grave de Europa desde Angrois (2013). En Grecia un accidente parecido en 2023 derivó en la dimisión inmediata del entonces ministro de Transportes (homólogo de Óscar Puente), ya que era, según dijo, lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de las víctimas. Puente carece de crédito para abordar una crisis de esta magnitud. Hay demasiados antecedentes de este tuitero camorrista que aprovecha cualquier ocasión para denigrar al adversario, como ya sucedió este verano con los incendios donde el ministro se convirtió en pirómano político. 

El tiempo irá pasando, que es el interés inmediato del Ejecutivo para seguir en el poder, y las causas del accidente irán dilatándose, la izquierda mediática saldrá en todos los medios de comunicación insistiendo en que lo sucedido es causa del cambio climático o de un conejo que pasaba por allí, que no se debe politizar la desgracia y que debemos todos ayudar a salir de esta situación. Amén. 

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)

Publicado 22-01-2026 


lunes, 5 de enero de 2026

FRAGILIDAD DE NUESTRO SISTEMA POLÍTICO

El sistema político actual debe plantearse, para este nuevo año 2026, la recuperación de las democracias europeas y, de modo particular, la española. El relajamiento político de la UE, la falta de carisma de sus élites y los cuestionamientos de consensos que formaron aquella Europa de posguerra, ha llevado a Europa a su pérdida de hegemonía global frente a EE. UU. y China. Por su parte España se ha deslizado peligrosamente hacia una autocracia electiva proclive a desmantelar las instituciones democráticas al ser un obstáculo para el oportunismo político de permanecer en el poder. Ambas situaciones, están erosionando la confianza ciudadana creando un entorno que obliga a revisar los fundamentos sobre los que debe reposar nuestra convivencia.

>En España, la convivencia debe basarse en la Constitución Española (CE), cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, además de reconocer la indisoluble unidad de la Nación española. Es difícil mantener esa convivencia con un Gobierno que altera la CE por la vía de los hechos instaurando, según la teoría de Karl Loewenstein, una Constitución semántica donde existe un desajuste entre el texto constitucional y la realidad política, sirviendo la norma escrita solo para legitimar el poder de los grupos dominantes sin limitarlo realmente, es un disfraz de la legalidad con la inestimable ayuda del interprete constitucional: el Tribunal Constitucional.

Esta alteración de la CE es parte de los malos oficios de un Ejecutivo que para mantenerse en el poder no ha dudado de neutralizar y absorber a los otros poderes. Es la quiebra del Legislativo y del Judicial. El primero, por renunciar a su función integradora al dimitir de lo encomendado por la Constitución en su Art. 66: legislar, aprobar Presupuestos y controlar al Gobierno; el Judicial al estar sometido constantemente a una acusación de dañar y desacreditar al Gobierno (el lawfare), un relato oportuno para descalificar a priori cualquier investigación judicial como una maniobra de parte. Es la quiebra de la propia nación con un Estado que prioriza su interés partidista al interés general, al utilizar la lógica de la rentabilidad electoral que focaliza la ayuda del Estado a la ciudanía que apoya al bloque de investidura, considerando irrelevante al resto. Un ejemplo ha sido la tardanza de las ayudas del Estado para la reconstrucción de las infraestructuras valencianas, por la dana, a pesar de las insistentes llamadas del general Gan Pampols a ministros y órganos de coordinación que no fueron atendidas.

Lo descrito anteriormente es una clara muestra de la fragilidad de nuestro sistema político que obliga a revisarlo sin mayor tardanza en este nuevo año 2026. Primero, garantizando la independencia real y percibida de los órganos constitucionales: El Tribunal Constitucional (TC), la fiscalía general del Estado (FGE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los demás órganos reguladores que por las presiones a las que se ven sometidos dificultan su buen funcionamiento. Segundo, el modelo territorial que, ante la bilateralidad asimétrica o desigualdades que amenaza el principio de igualdad y deteriora la cohesión del Estado, debe establecer un equilibrio entre solidaridad, corresponsabilidad fiscal y suficiencia financiera, así como una revisión de la actual ley electoral que ante la explosión del regionalismo amenaza la unidad de España. Tercero, hay que revisar la calidad de la democracia como cultura cívica: enseñar un conjunto de valores (respeto, solidaridad,), conocimientos (normas, derechos, deberes,) y comportamientos (respeto a los demás), que permitan la participación informada y responsable de los ciudadanos en la vida pública para el bienestar común. 

La fragilidad mostrada por nuestro sistema político debe subsanarse con prontitud, si queremos mantener una democracia liberal ausente de oportunistas políticos que al carecer de dignidad institucional y moral aprovechan la debilidad del sistema para tomar el poder a costa del deterioro de España. Así es, así será, y ojalá no siga es mi deseo para 2026.

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)

Publicado 05-01-2026 Felicidades GNH