Nuestra sociedad suele conceder como cierto lo que machaconamente difunden los medios o los partidos políticos, cuya información sesgada está alejada de cualquier realidad científica o religiosa. Observamos que temas trascendentes como el aborto son tratados y determinados por la moralidad hegemónica de una clase o grupo dominante que por intereses espurios promueve y presenta como universales y naturales, logrando que la mayoría de la sociedad los acepte como “normales”. Este tipo de hegemonía se mantiene con el propósito de polarizar, enfrentar y tensionar al no admitir consenso y cuyo medio utilizado es la discusión.
En el caso del aborto, el debate enfrenta dos valores fundamentales: la autonomía reproductiva de la mujer y el derecho a la vida humana, que a menudo se consideran irreconciliables. Por otro lado, las leyes varían significativamente entre países y regiones, lo que demuestra que no hay un acuerdo universal sobre cómo debe regularse o penalizarse el aborto. Pero el debate sobre el aborto a menudo trasciende la esfera de la salud pública y los derechos individuales para convertirse en una herramienta de confrontación política y cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos estructurales. Pero cuando la política instrumentaliza el aborto, pierde su dimensión ética y la dignidad humana se ve comprometida por intereses partidistas.
El juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, también pone el foco en la posible corrupción del sanchismo. Un primer juicio, el de las mascarillas, que previsiblemente le costará, al que fue el “alter ego” de Sánchez y voz de la moción de censura contra Rajoy (en nombre de la regeneración democrática), varios años de cárcel. Una situación que obliga al Ejecutivo a sacar de la manga otro comodín: el aborto, nueva cortina de humo para tapar sus inmundicias. Dicho y hecho. El Consejo de ministros, tras su reunión semanal, anuncia su intención de reformar la Constitución para que contemple el aborto como un derecho, pese a carecer de la mayoría cualificada necesaria para hacerlo efectivo. Una propuesta que coincide con el inicio del juicio al exministro y exsecretario de Organización del Psoe José Luis Ábalos.
Conscientes de los hábitos de este Gobierno que busca siempre el beneficio propio o un objetivo específico, intuimos que esta “coincidencia” es un claro intento de condicionar el debate político en el contexto judicial en el que se produce el anuncio. Una sospecha fundamentada en que el reparto de escaños en el Congreso niega cualquier viabilidad a la reforma, ya que la modificación constitucional exige mayoría reforzada que el Gobierno no tiene, ni siquiera con sus socios de legislatura. La utilización de la Carta Magna exige consenso, permanencia y un propósito claro de mejora real del ordenamiento, por ello, resulta improcedente su uso como confrontación coyuntural. Algo que poco le importa a un presidente que pone sus intereses personales por encima de cualquier reflexión ética, política o moral.
La estrategia de utilizar el aborto como una herramienta de utilización política, en lugar de una verdadera defensa de la mujer, expone las contradicciones de una coalición de izquierdas que defiende lo público al mismo tiempo que con sus hechos lo corrompe. Un Ejecutivo que dice defender los derechos de la mujer, “ser socialista es ser feminista”, pero que al final solo los manipula descaradamente. Utilizar de manera inapropiada la Constitución, sabiendo que la reforma anunciada carece de viabilidad, solo responde a una oportunidad política en descrédito de la confianza en las instituciones, además de sacrificar el bienestar integral de las mujeres y la consideración de la vida.
José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)
Publicado 10-04-2026
