El término democracia alude etimológicamente a la idea de poder del pueblo. La difusión de la democracia a lo largo y ancho del mundo ha sido uno de los cambios más drásticos. En un país tras otro, los ciudadanos han arriesgado sus vidas para exigir elecciones libres, rendición de cuentas democrática, estado de derecho y respeto por los derechos humanos.
La democracia moderna, es decir, liberal y representativa, es aquella que no solo se caracteriza por una especie de pacto de no agresión el cual permite la alternancia pacífica en el poder por medio de elecciones periódicas, también se encuentra fundada en un conjunto de instituciones en el que las minorías se encuentran protegidas del poder circunstancial de las mayorías, como además en la existencia de un Estado con poderes claramente separados y la protección de libertades básicas como la de expresión, asociación, religión y respeto a la existencia de propiedad. Cuando se tiene un Estado sustentado por la radicalidad de la izquierda, nacionalistas y separatistas, cuando se tiene una nación sin división clara y efectiva de poderes o las libertades básicas de toda democracia quedan desprotegidas y un gobierno incitando al odio y a la división, entonces la democracia del país es imperfecta y está a un paso de ser un régimen dictatorial.
Por desgracia, vivimos en España una situación clara de democracia imperfecta. Las instituciones, garantes de una democracia legitimada por el pueblo, carecen de un consentimiento claro y evidente del ejercicio del mandato del gobierno que nos rige. Un gobierno que, utilizando descaradamente los decretos leyes y las puertas giratorias, está ocupando todas las instituciones para provecho propio degradando la democracia representativa que tiene como principio fundamental la separación/división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y así se desprende del contenido de nuestra Constitución que en el art. 1 proclama: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. La ocupación de estas instituciones avanza inmisericorde a ritmo sostenido: CIS, CNI, Abogacía del Estado, Fiscalía, INE, Comisión de Competencia, CNMV, Consejo de Transparencia…y ahora los claros intentos del TC y CGPJ.