La incertidumbre política en España se ha instalado como una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país. La política española atraviesa una etapa de alta tensión e inestabilidad, marcada por la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición, la ausencia de nuevos Presupuestos y un clima preelectoral. El Gobierno opera sin una mayoría absoluta que le obliga a negociar cada iniciativa legislativa con formaciones independientes cuyos intereses están muy alejados del interés nacional. Ello obliga al Ejecutivo a entregarse a esas formaciones dándoles todo aquellos que desean y, con ello, mantenerse en el poder. Por otro lado, el escenario está fuertemente condicionado por investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Unas investigaciones judiciales que ya llevan tres veredictos adversos seguidos: el fiscal del Estado, Ábalos y su hermano. Con una esposa pendiente de juicio y una larga fila esperando por desfilar en el banquillo: los fontaneros de las cloacas, el expresidente Zapatero, la directora de la Guardia Civil y el partido socialista como ente jurídico. Pero la consigna lanzada desde la Moncloa para valorar la situación siempre es la misma: Confiamos plenamente en su inocencia o, es una clara prueba de la conspiración, la evidencia de que el poder judicial se ha convertido en un enemigo. La condena por prevaricación de David Sánchez (el hermanísimo) marca un hito histórico contra un presidente de Gobierno. Una condena que deja una reflexión relevante sobre el tráfico de influencias y el enchufismo en empresas públicas en un momento en que este asunto está sobre la mesa en la investigación a la esposa de Sánchez, al caso Leire y tras le sentencia del caso Mascarillas.
La condena de la Audiencia Provincial de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación marca una relevancia política importantísima, ya que constata la resistencia de los contrapoderes del Estado frente a quienes desde el mismo Estado ha intentado amordazar o debilitar. La sentencia puede ser recurrida, pero eso no evita considerar el gran trabajo realizado por los investigadores. Según las investigaciones judiciales sobre la trama de Leire Díez, este caso fue el detonante con el que comenzaron las presiones sobre la UCO para que se pusiera de perfil ante los asuntos que afectaban al presidente. Unos asuntos que demuestran la degradación en el ejercicio de sus funciones y de cómo ha supeditado el interés general al suyo propio, síntomas claros para considerar su ilegitimidad.
La democracia española está resistiendo gracias a los contrapesos que el Gobierno no puede controlar, aunque que lo intenta y, que a medida que se vea más agobiado, lo intentará con más intensidad. La debilidad parlamentaria del Gobierno ha impedido que se le aprobara el techo de gastos y la senda de estabilidad de los Presupuestos de 2027, que el Consejo de ministros aprobó la semana pasada, lo que supone un retraso en el camino para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Unos Presupuestos anunciados para dar la apariencia de que se gobierna, aunque ese rechazo parlamentario les sirve para prefabricar su eslogan victimista y electoralista que solo refleja la carencia de ideas, principios y valores del Ejecutivo.
Con menos del diez por ciento de la corrupción que estamos viviendo, cualquier presidente de Gobierno hubiera presentado la dimisión o convocado elecciones. Pero tenemos un presidente que es inmune a cualquier crítica, imputación o condena. El cerco judicial apunta cada vez más al presidente del Gobierno, y si aún no hay una prueba judicial para señalarlo como instigador, sobran los elementos políticos para llegar a esa conclusión. Los ataques a las sentencias desplegado por los ministros, así como la infame campaña contra los jueces, las acusaciones populares y a la prensa verdaderamente independiente, son síntomas del tránsito irreversible del Psoe a un poder insurreccional que pretende levantarse contra el orden establecido.
José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)