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"Cuando la vista se cruza con el deseo, haz que impere la razón".
(José A. Puig)





lunes, 22 de septiembre de 2025

LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA

La igualdad es un ideal que muchas sociedades buscan alcanzar, pero en la práctica, hay numerosos factores que contribuyen a las desigualdades, como la discriminación, la explotación y las decisiones políticas. En la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) se reconoce que la igualdad es un derecho fundamental que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La idea de igualdad social fue siempre un relato y utopía de la Modernidad, donde el pensamiento de Jacobo Rousseau fue en parte el provocador de esa idea. Una idea que sigue presente en la actualidad.

Si preguntamos a la gente que entiende por igualdad, cada uno lo podrá definir a su manera según su experiencia personal, pero en el fondo lo que manifiestan es que debe ser el trato idéntico entre todas las personas, al margen de razas, sexo, clase social y cualquier otra circunstancia diferenciadora. Cuando no existe ese trato idéntico, hablamos de desigualdad o falta de equilibrio entre dos o más personas. Esta desigualdad no afecta a un solo aspecto de nuestras vidas ya que puede tratarse de: desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad educativa, desigualdad de género o desigualdad legal. Todas ellas tienen graves consecuencias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito social. Siendo la pobreza la principal consecuencia. En España, la desigualdad social toca aspectos económicos, territoriales, educativos, laborales y de género.

En cuanto a pobreza y exclusión social, tomando como referencia la tasa AROPE (Indicador principal de la Unión Europea que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social) en España se sitúa alrededor del 25-26% de población en riesgo en 2023. En cuanto a la pobreza infantil unos 2,3 millones de menores están en riesgo, lo que equivale a cerca del 35% de los menores de España. Las familias monoparentales y las familias numerosas (con muchos hijos) tienen tasas mucho mayores de riesgo. La pobreza severa (personas que viven en hogares con ingresos muy bajos) se cifra en 4,1 millones.

En relación con la desigualdad de renta y coeficiente Gini (es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial), España ha registrado descensos en el coeficiente de Gini desde los peores momentos de la crisis económica. Por ejemplo, ha habido mejoras graduales que acercan la desigualdad (distribución de renta) a niveles anteriores a 2008. Sin embargo, la diferencia de ingresos entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre sigue siendo muy grande: alrededor de 6 veces la renta del quintil inferior en comparación con el superior (es decir, el 20% más rico se aleja y multiplica ya por 6 la renta más pobre). (GINI España de 2008 a 2023, STATISTA).

El Estudio sobre Desigualdades Sociales, publicado por el CIS (26 jun 2025), donde se ha preguntado a 4.000 personas sobre sus principales preocupaciones en torno a la desigualdad, entre otras. El estudio revela que cuatro de cada diez españoles creen que en España existen grandes desigualdades sociales en el año 2025, y el 54,9% las ha visto incrementarse en diez años. Los ciudadanos son tremendamente escépticos de que España se pueda convertir en el horizonte cercano en un país igualitario. Tampoco que en los próximos diez años se vaya a cerrar la brecha de riqueza entre CCAA. Se cita como principal desigualdad la que afecta a ricos y a pobres, donde una gran mayoría (83%) cree que va a aumentar la concentración de riqueza en unos pocos.

Algunas de las causas más persistentes de la desigualdad en España se encuentran en: Mercado laboral precario (alta rotación, mucha temporalidad, contratos a tiempo parcial). Salarios bajos respecto al coste de la vida. Desigualdad educativa y de origen socioeconómico familiar que condiciona el éxito educativo. Desigualdad territorial (grandes diferencias entre CCAA y entre lo urbano y lo rural). Familias y género (limitación capacidad laboral de las mujeres ante la mayor carga familiar). Inflación y crisis de precios (vivienda, energía, alimentos).

Como decía al principio una de las principales consecuencias de la desigualdad es la pobreza, unida a los problemas como la desnutrición o el hambre. La desigualdad en España puede afectar de forma importante al Estado de bienestar. Cuanta más desigualdad, más población necesita recurrir a ayudas públicas (subsidios de desempleo, becas, sanidad pública, vivienda social). Esto genera más gasto en un momento en que los recursos son insuficientes y los presupuestos del Estado ni están ni se le esperan. Por otro lado, la desigualdad aumenta la polarización, la desconfianza en las instituciones y la exclusión social, con el riesgo de erosión del pacto social. 

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)
Publicado 22-09-2025 

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martes, 16 de septiembre de 2025

HABLEMOS DE INMIGRACIÓN

Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre el sentido de la migración ya que España ha sido tradicionalmente un país emigrante. En la década de 1880 se produjo en nuestro país una de las mayores oleadas migratorias de salida de españoles hacia América (Argentina, Méjico, Cuba, Venezuela). En siglo XX se amplió hacia Europa (Francia, Alemania, Suiza), pero también recibió oleadas migratorias en distintas épocas: sefardíes, árabes, judíos, gitanos y europeos del norte. Con la modernización económica y la integración en la Comunidad Económica Europea, se transformó España de un país emisor de emigrantes a un receptor de inmigrantes tras siglos de ser principalmente un país de emigración. El fenómeno masivo de la inmigración comienza en España a finales de 1980. Siendo masivo y sostenido a partir de la década de 2000. Hoy, alrededor del 15% de la población residente en España es extranjera (más de siete millones de personas), siendo el fenómeno social, económico y político más importante que genera preocupación en un 80% de la sociedad española.

Desde hace más de dos décadas, personas de Latinoamérica, África, Europa del este y Asía han elegido nuestras ciudades y pueblos como su hogar. Trabajan en nuestros campos, en nuestros hospitales, en nuestras empresas y en nuestras casas. Contribuyendo con sus impuestos, con su trabajo y con su cultura a construir el país en el que vivimos. Negar esta realidad sería ignorar que la España del siglo XXI es diversa y mestiza. Según el Instituto Nacional de Estadística, todo el crecimiento de la población se debe a la inmigración, al igual que gran parte del crecimiento económico: tres de cada cuatro nuevos empleos los ocupan personas extranjeras, y esta tendencia aumentará. Dada nuestra renuncia a tener hijos, solo la inmigración garantiza el crecimiento demográfico y económico. La insistencia del Ejecutivo en que la inmigración es necesaria, cuestión cierta, también lo es que requiere la aceptación realista de que los medios para gestionarla no son infinitos.

Puesto que el fenómeno migratorio parece ineludible y tiene profundas consecuencias para la sociedad española, ¿cómo deberíamos afrontarlo de manera efectiva? Como sucede con muchos debates políticos, si se lleva al terreno emocional, es difícil encontrar una solución sin caer en una confrontación emocional y polarizada. La prioridad para cualquier gobierno europeo debe ser promover la inmigración legal. Una vía que está fracasando estrepitosamente. Ante ello, nuestro Gobierno está facilitando la regulación de inmigrantes irregulares mediante políticas de regulación masiva y de arraigo. Una actitud que se une a su dificultad para ejecutar las órdenes de expulsión (algo más del 20% de estas órdenes se cumple). Todo ello evidencia una clara incapacidad para gestionar eficazmente el control migratorio.

La realidad migratoria y su gestión debe evitar debates polarizantes centrados en las características o actitudes de los inmigrantes, siendo fundamental que el Gobierno asuma su responsabilidad de gestionar los flujos migratorios de manera eficaz y legal. Su incapacidad para hacerlo no puede ser excusa para mantener un modelo migratorio distorsionado, referido a la entrada y permanencia de personas sin documentación necesaria, causada por la falta de canales legales efectivos y desajustes entre la demanda laboral y la oferta de empleo. Una situación que está provocando exclusión social y la necesidad de políticas de regularización. En definitiva, para abordar la inmigración, se requieren políticas realistas, encaminadas a la inmigración legal y a la integración de los inmigrantes. Nunca acudir al objetivo de la polarización ni abandonarse al conformismo, como ocurre en España.

El conflicto político en torno a la gestión de la inmigración y el reparto obligatorio de los Mena (menores de 18 años extranjeros no acompañado) desde Canarias, Ceuta y Melilla ha agudizado la percepción de ausencia e improvisación política de Estado en una cuestión sensible para la población. Una inquietud reflejada en la encuesta de Sigma Dos, donde la ciudadanía demanda medidas más duras de control migratorio: 8 de 10 encuestados quieren reformar la Ley de Extranjería para aumentar la deportación de los inmigrantes que cometan delitos. Las políticas progresistas no han sido eficaces. 

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)
Publicado 16-09-2025 

domingo, 31 de agosto de 2025

ESTRATEGIA ANTE SU INCOMPETENCIA

El Partido Socialista (PSOE), ante las malas expectativas electorales tras siete años de gobierno (¿?) utiliza, una vez más, las desgracias para hacer oposición. Ya lo hizo Zapatero con los atentados del 11.03.2004 (conocido por el 11M) para tomar el gobierno que hasta ese momento lo tenía difícil. Pedro Sánchez mantiene la misma estrategia, iniciada con la COVID, luego con la Dana y ahora con los incendios: endilgar los problemas a la oposición, tensionar la situación y no dar explicación alguna de lo sucedido. ¿Que cuentas ha dado el Gobierno de la mala gestión en la pandemia, o del apagón del 28 de octubre pasado, o del caos ferroviario, o de la mala coordinación de los incendios o …? Nada.

La estrategia ante su incompetencia se vio en la COVID. En España hubo, hasta el verano de 2023, 122.000 muertos, pero solo se ha hablado de 7.291 en Madrid imputados a Ayuso, pero no dicen nada del total en Cataluña que fue prácticamente el mismo. Si hablamos de muertes por cien mil habitantes, la lista la encabezan: Aragón y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por socialistas junto a la de Asturias. Destacando al País Vasco. Pero nadie en el PSOE y sus medios habla de ello. Con los incendios pasa lo mismo que con la Dana: medir los tiempos de ayuda, una estrategia tremendamente eficaz del Gobierno de Sánchez para mostrarse luego como salvador de los desastres. Nunca plantearon declarar la emergencia nacional y así desacreditar a los gobiernos autonómicos, esperando vender luego las ayudas, desde Moncloa, como rescate a las víctimas por la incapacidad del PP.

La estrategia del gobierno por rehuir las responsabilidades propias y criticar al oponente está trasladando a la ciudadanía la idea de que una de las trabas para afrontar las emergencias como la del COVID, la Dana de Valencia, la crisis migratoria o los incendios forestales, es la existencia de una administración multinivel. Cinco días tardó Protección Civil en preguntar a las CCAA por sus medios aéreos desde que comenzó lo peor de los incendios forestales de agosto. Dos días después, a los siete días, las tanteó sobre cuáles eran los medios terrestres que disponían. Y mientras tanto, las comunidades eran las que por su propia iniciativa y al margen del Gobierno llevaban poniéndose en contacto unas con otras para saber qué podían prestarse para ayudar en las labores de extinción (las CCAA del PP movilizaron 23.718 operarios frente a 11.853 del Estado). No puede dejarse el sistema de emergencias a la voluntad o capacidad del político de turno para que al final termine con una discusión competencial.

La Ley de Montes (43/2003) opta con claridad por la colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones públicas para beneficio de un medio forestal que no entiende de fronteras administrativas. La principal causa de la falta de prevención de nuestras administraciones públicas es la creciente politización y falta de técnicos profesionales. Cada vez tenemos menos profesionales al frente de los sistemas de emergencia y más políticos en ámbitos que deberían reservarse a los que tiene el conocimiento técnico para decidir lo que hay que hacer. Es un error dejar toda la carga competencial en manos de unas administraciones autonómicas claramente desbordadas por la magnitud de los incendios (400.000 Ha), frente a la estrategia del cálculo partidista de un Gobierno que le sobra sectarismo y le falta idoneidad técnica para gestionar y legislar con un mínimo de eficiencia.

La realidad es que faltan planes municipales y autonómicos de prevención de incendios forestales (previstos por la Ley de Montes) y que el Gobierno tampoco ha aprobado unos criterios comunes para elaborarlos. Planes que deberían: Fomentar la gestión activa de los bosques (especialmente en zonas protegidas: limpieza, desbroce y reducción de biomasa acumulada). Incentivar la economía forestal (fiscalidad favorable). Facilitar la actividad rural y repoblación del medio rural. Reorientar inversión hacia la prevención. Emplear soluciones innovadoras para adaptarse a la realidad del fuego como amenaza constante. Esto es la estrategia que la ciudadanía aplaudiría y no la del cálculo político cortoplacista del Gobierno que tensiona y crea odio en la sociedad. Si el Estado no es capaz de entender que ante este tipo de calamidades la competencia natural es al más alto nivel estamos perdidos.

José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)

Publicado 31-08-2025