Cuando leemos todo lo relacionado con la Enseñanza o la Educación, se nos ponen los pelos como escarpias al constatar que desde que la LOECE 1980 (Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares) hasta la actual LOMLOE 2020 (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), han habido ocho leyes escolares y ningún propósito de enmienda. Digo esto último porque en ninguna de las leyes ha habido propósito de mejorar, tan solo modificar la legislación existente para poner otra igual o peor. La última de ellas, la conocida como ley Celaá, hace que nos preguntemos si esta ministra lo hizo todo por convicción propia o por obligación partidista. Si se mantiene, triunfarán aspectos muy cuestionados por la sociedad, porque incluye contenidos ideológicos propios del ambiente de radicalidad extrema en el que nació. Pero si dentro de dos años se cambia, la operación tendrá un alto coste político y un desgaste evidente para la educación.
Es una ley que elimina de los Centros de Educación Especial a alumnos que presentan dificultades de escolarización no compatible con los procesos de instrucción, atención especializada, enseñanza y aprendizaje de los centros educativos ordinarios. Una ley que ensalza la educación pública sobre la educación concertada, sin ningún tipo de acuerdo social y político y que llevará a un endurecimiento del concierto educativo. Una ley que expulsa el español como lengua vehicular y da el control de todo el espacio lingüístico a las administraciones autonómicas con lengua cooficial. Por otro lado lo que se ha consagrado con esta ley es la ideología de género. Una agenda persistente que ha ido ganando posiciones desde los gobiernos radicales que históricamente prestan una atención muy especial a la educación, y donde además se observa una evolución en los destinatarios: cada vez más pequeños. Una ley que hace manipulables a nuestra juventud dando unos criterios ideológicos generadores de profunda división social.
La anterior ministra Celaá ha dejado una ley que, aplaudida en el parlamento por un partido minoritario y sus sostenedores en el gobierno, deja el trabajo a la nueva titular de la cartera Pilar Alegría que deberá consensuar con las CCAA la redacción definitiva del desarrollo curricular de cada asignatura. No lo va a tener nada fácil, más cuando todo ello está impregnado de un barniz de “género” en todas las asignaturas y la sospecha de que el gobierno quiere imponer su ideología en las aulas. Ya lo vimos en 2006 sobre la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, pues la nueva materia de Valores Cívicos y Éticos recupera en espíritu la asignatura que impulsó el Gobierno de Zapatero y que desapareció completamente en 2016.
Ante esta situación solo cabe decir, cómo han indicado en su artículo D. Ricardo Chiva Gómez y D. Jacob Guinot de la Universidad Jaume I, “La estafa de la nueva educación”. Un fraude que va a convertir a la educación en una oda a la ''idiotez'', menospreciando el saber y trivializando el conocimiento. La nueva pedagogía condena a nuestros alumnos a una confortable ignorancia, formando ciudadanos acríticos con el sistema. Donde con sus enseñanzas hiperestimulantes y de “salón recreativo”', como las denomina Andreu Navarra en su libro “Prohibido aprender”', deseduca a la juventud para conformar consumidores pasivos y trabajadores dóciles y fácilmente manipulables.
José Antonio Puig Camps. (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)
Presidente Grupo de Estudios de Actualidad Valencia (AGEA)
Publicado 14-08-2021
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