Mientras el rey Felipe VI excluye a los partidos separatistas radicales como Bildu o ERC del anuncio por el que la Casa Real comunica al resto de formaciones políticas su histórico ejercicio de transparencia patrimonial, la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, activa un cambio normativo en la Mesa del Congreso –donde Psoe y Podemos tiene mayoría-, para colar en la Comisión de Secretos Oficiales (CSO) a los partidos que la Corona excluye de su política de comunicación. Batet, una vez más, demuestra que su lealtad al Estado está por debajo de su sumisión a Sánchez. Si hay dos partidos que jamás deberían tener acceso a los secretos oficiales son los herederos de ETA y el de los promotores de una sedición para liquidar la unidad del Estado. Pero Sánchez es rehén de las alianzas que él escogió con tal de conseguir el poder y mantenerse en él. Es su carrera desesperada por mantenerse en La Moncloa. Su desprecio a las Instituciones del Estado hace que se deje al CNI en manos separatistas.
El cambio normativo, propiciado por Batet, fulmina 36 años en los que ha sido necesario el voto de Psoe y PP para la elección de los miembros que entran en la CSO que es donde se rinden cuentas sobre los gastos reservados y donde se dan explicaciones relacionadas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ahora ninguno de los dos grandes partidos tendrá capacidad de bloqueo. La resolución imputada por Batet rebaja sustancialmente las mayorías que se necesitan en el Congreso para elegir a los miembros de la comisión. Si anteriormente se necesitaban 2/3 (210 votos), ahora solo se necesitan 176 (la mayoría absoluta). Solo un gobierno irresponsable sometería al más absoluto descrédito a un organismo fundamental para la Nación como el CNI para tratar de aferrarse al poder. Así, el separatismo y los terroristas, socios del Gobierno Sánchez, ha encontrado una fórmula más para intentar socavar los mecanismos de control del Estado.
El arranque del caso Pegasus (espionaje a miembros del Gobierno) ha supuesto la reapertura de la veda desde Podemos contra Margarita Robles, una pieza anhelada durante toda la legislatura. La directora del CNI, Paz Esteban en su comparecencia en la CSO, demostró a los partidos que este organismo investigó a Aragonés y a otros 17 líderes secesionistas con escrupulosa autorización expresa del Tribunal Supremo. No se está pues ante ningún espionaje arbitrario. El descrédito del CNI en manos separatistas, es fruto de la frivolidad de un Gobierno dispuesto a hundirlo todo para apurar una prórroga en el poder. Las tensiones vividas en los últimos días entre Ministro de la Presidencia y Defensa, sobre quién es el responsable de la seguridad del móvil del presidente del Ejecutivo, muestra las grietas que éste Gobierno tiene para la gobernabilidad de España.
