CUARESMA ASINTOMÁTICA

La Cuaresma es el tiempo litúrgico del calendario cristiano, destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua, y que este año ha marcado un tiempo distinto en la vida de los ciudadanos. Es una Cuaresma asintomática, es decir, un tiempo litúrgico peculiar donde los actos eucarísticos, típicos de esta celebración, se han visto apagados ante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la cuaresma del 2020 se va a recordar más que ninguna otra debido al claustro obligado en nuestras casas para evitar los contagios de este virus destructor y asesino. Por otra parte, va a ser el tiempo litúrgico de preparación de la Pascua de Resurrección más penitente de todos los vividos por nuestra generación. Y esto es así porque toda penitencia, cristiana o no, lleva a la mortificación interior o exterior, lleva a la molestia de soportar lo que no nos gusta. Siendo esto así me atrevo a decir que vivimos una cuaresma donde la penitencia y la misericordia más se está manifestando en todo el género humano.

Quien hubiera dicho, ni siquiera soñado, que la cuaresma del 2020 iba a reflejar como ninguna otra el espíritu de la cuaresma. Un espíritu caracterizado por un retiro colectivo donde se está observando, a veces muy a pesar nuestro, el sacrificio, la misericordia, el entendimiento, es decir el espíritu penitencial. Y así vamos y nos comportamos la mayoría con la lealtad al prójimo y dejando aparcado los intereses personales. Quién podía pensar los sacrificios que tantas y tantas personas están haciendo por los demás, incluso jugándose la vida, que no se limitan solo a cumplir con su deber, siendo conscientes de la cantidad de personas que seguimos viviendo gracias a sus trabajos: personal sanitario, transportistas, cajeros de supermercados, personal de farmacias, policías, militares…y tantos otros, que mantienen su lealtad al bien de los demás. En definitiva las circunstancias de esta cuaresma asintomática nos están llevando a recordar –más que nunca- quien es nuestro prójimo. Ese prójimo que Jesucristo, en la parábola del buen samaritano, le enseñó al doctor de la ley, una parábola que su fin es ilustrar la caridad y la misericordia como virtudes que guiarán a los hombres a la piedad y a la bondad.

Si la cuaresma nos recuerda los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto, sometido a las tentaciones. La pandemia por el COVID19 nos está llevando a todos a otro desierto. Un desierto donde aquellas celebraciones cuaresmales, o aquella semana santa ruidosa e incluso la celebración pascual propia de la alegría y celebración ruidosa, la vamos a sustituir por el sacrificio de quedarnos en nuestras casas. Ese “me quedo en casa” será recordado por siempre jamás. Un periodo casero donde, sin embargo, está saliendo el verdadero sentido de la cuaresma: meditar, recordar, orar. Jamás se ha meditado tanto como estos días encerrados, jamás se ha tenido tantos recuerdos de tiempos pasados como ahora y jamás se ha rezado tanto como ahora. La reflexión de esta cuaresma asintomática o peculiar, causada por un virus traicionero y asesino, nos lleva hasta echar de menos el encuentro fortuito con un vecino, conocido o amigo en el ascensor o en la calle. Una cuaresma peculiar que nos está llevando a descubrir nuestra propia fragilidad pero también el verdadero sentido de la caridad al prójimo.

En estos momentos resulta difícil comprender lo que sucederá el día en que la pandemia del coronavirus sea algo del pasado. Las consecuencias de esta crisis global, que afecta a todos y no entiende de nacionalidades, etnias, patrimonios, son difíciles de imaginar. Pero cuando llegue ese día, ¿habremos cambiado o la sociedad volverá a sus inercias actuales? Y aunque no sea este el momento para reivindicaciones ideológicas o sociales, al menos hasta que nuestro adversario virulento sea vencido, esta crisis puede ayudarnos a cambiar nuestra mirada sobre ciertas cuestiones de gran importancia. ¿Podremos ser capaces de poner en nuestras vidas la lealtad en lugar del interés personal? ¿Habrá servido esta pandemia para reflexionar sobre a quién debemos respetar, considerar o recordar? Si algo está dejando claro la situación causada por el COVID-19 es quién es quién. Quién ha sido capaz de dejar el egoísmo y trabajar para los demás y quién se ha aprovechado de esta desgraciada situación para sacar provecho propio. Quién ha seguido viviendo a costa de los demás y quien se ha sacrificado por el bien común. Quién ha sido leal y quién egoísta.  

Se nos pide quedarnos en casa el tiempo que haga falta. Se nos pide tener responsabilidad individual y social. Se nos pide que no debemos caer en el pánico que pueda llevar a situaciones extremas de acaparamiento o enfrentamientos. Todo ello en aras a proteger nuestras vidas y las de los demás. Pero todo ello obliga también a que los gobernantes y dirigentes que piden todo esto sean los primeros en ponerse como ejemplo. No se puede aceptar que quieran aprovecharse de esta crisis para generar una catarsis colectiva donde queden eliminados derechos y libertades. Ni tampoco que la pandemia sea la excusa para perpetuar situaciones donde resulte más importante el interés individual que el interés colectivo.  Aprovechemos esta inusitada coyuntura para reflexionar sobre nuestros auténticos intereses y revisar nuestra escala de valores. Ojalá seamos conscientes de lo importante que ha sido la solidaridad en esta crisis. Una crisis comparada por algunos dirigentes políticos como una contienda bélica o el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial.

José Antonio Puig Camps. AGEA Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)

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Publicado 10-04-2020

LA INADMISIBLE EUTANASIA

Los esfuerzos por cambiar políticas gubernamentales sobre la eutanasia en los siglos XX y XXI han tenido un éxito limitado. La eutanasia, como acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, es legal en Países Bajos, Canadá, Bélgica, Colombia​ y Luxemburgo. En el campo del derecho a la muerte digna, la referencia sigue estando en Europa: Holanda fue el primer país del mundo que legalizó la eutanasia, en el 2002, pocos meses antes de que lo hiciera Bélgica. Luxemburgo la incorporó a su legislación en el 2009. En España, tras dos años de bloqueo, la ley de la eutanasia ha vuelto al Congreso y esta vez sí, ha comenzado ya su tramitación con los votos a favor de todos los grupos excepto PP y Vox. Una ley que, por ahora, será el propio paciente el que tenga que solicitar la eutanasia, de forma libre, voluntaria y consciente. No podrá hacerlo ningún familiar, ni padres, ni hijos ni cónyuges. Una ley conflictiva y sin garantías suficientes para el enfermo que, por su enfermedad avanzada o en situación terminal, atraviesa estados de depresión que los incapacita para tomar esa decisión.

La inaceptabilidad de esa ley queda perfectamente establecida en varios documentos que, a modo de ejemplo, plantean instituciones y científicos. La Conferencia Episcopal Española difundió un amplio documento sobre la eutanasia –Sembradores de Esperanza-, presentando un debate social sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna. Varios investigadores del Observatorio de Bioética de la UCV, en su documento “La eutanasia que nos llega. Reflexión médica, jurídica y moral”, advierten de los problemas que la ley sobre la eutanasia planteará a la sociedad española en su conjunto. El doctor Manuel Martínez-Sellés, catedrático de Medicina y jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en su libro, “Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología”, se introduce en un debate sobre la eutanasia, el sentido del sufrimiento y la libertad de elección a través de su propia experiencia con argumentos científicos y bioéticos. Un debate resumido en cuatro motivos por los que la eutanasia es siempre inaceptable. Su claridad es tal que los expongo a continuación.

El primer motivo es que la aceptación de esa ley introduce a la sociedad en una pendiente resbaladiza, ya que tiende a hacerse especialmente accesible y dirigida de forma prioritaria a las clases económicamente más débiles, los grupos étnicos desfavorecidos y a las personas más vulnerables.

El segundo motivo es la falta de autodeterminación real, como decía anteriormente, al encontrarse en una situación terminal con grandes depresiones se solicita que acaben con su vida en unas condiciones que no están mentalmente sanos ni conscientes, por lo que la autonomía es cuestionable.  Expresiones como “me quiero morir” o “no quiero seguir luchando” dependen mucho del estado de ánimo del paciente y de sus sentimientos cambiantes. Ciertamente es un deber moral tratar de aliviar los sufrimientos de los pacientes crónicos e incurables, pero no eliminar a dichos pacientes para acabar con sus sufrimientos. Tampoco parece tolerable el argumento de dolor intolerable, al existir remedios terapéuticos suficientes para eliminarlo, especialmente con los Cuidados Paliativos.

El tercer motivo es que se reducen los cuidados paliativos, unos cuidados que son la respuesta médica adecuada al dolor y al sufrimiento; la aceptación de la eutanasia conlleva una disminución de los medios destinados a estos cuidados. También, con una eutanasia legalizada, los incentivos para investigar nuevos tratamientos de cuidados paliativos son menores, por lo que, a efectos prácticos, la eutanasia limita el desarrollo de este tipo de cuidados paliativos al ser caros. Lo barato es la eutanasia.

Por otra parte, cuarto motivo, se produce una deformación del sentido médico. El deber de todo médico de intentar curar y/o mejorar a sus pacientes desaparece con la eutanasia que, además, deteriora la confianza médico-paciente. La eutanasia es contraria al juramento hipocrático e implica una ruptura deontológica con grandes consecuencias sobre la profesión médica. Los médicos que entran en una mentalidad eutanásica la incorporan a toda su visión profesional, y puede ser un camino de no retorno. El galeno deja de ser un “salvavidas” y se transforma en “quitavidas”: su sentido cambia por completo. Instituciones profesionales especializadas en este asunto, como el Colegio General de Médicos, manifiesta que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa de éste (Código Deontológico, Art. 36, apartado 3).

Como indican las encuestas del CIS, o las páginas web del INE, no aparece como unos de los problemas prioritarios la eutanasia, por lo que afirmar que es una demanda social entra de lleno en un argumento falso. Cómo el de afirmar que el proyecto de ley para legalizar la eutanasia está en los países de nuestro entorno, pues de los 29 países de la UE, la eutanasia y el suicidio asistido, solamente están legalizados en tres: Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y el suicidio asistido en Suiza.

En la ley propuesta por Unidas Podemos, se hace hincapié en que en la solicitud de la eutanasia debe prevalecer la autonomía de los pacientes sobre el valor de la vida humana. Conviene tener presente que el ejercicio de la autonomía solamente es lícito éticamente si al ejercerla se persiguen fines lícitos, es decir, orientados hacia el bien del sujeto y no a provocarle un daño. Abordar el sufrimiento humano pretendiendo eliminar a las personas que lo padecen es, ante todo, un  fracaso  del  sistema  asistencial,  pero  también  de  la  sociedad moderna.

José Antonio Puig Camps. AGEA Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)

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Publicado 23-02-2020

POLITIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Suele tomarse como síntoma de politización la arbitrariedad en el reparto de los cargos. Según la vox populi, algunas asociaciones judiciales funcionan como apéndices de los principales partidos políticos. En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (con un 29% de los afiliados entre la judicatura) junto a Jueces para la Democracia (con un 12% de afiliación) ambas en conexión, respectivamente, con el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ambas asociaciones suman solamente el 41 por ciento de la carrera judicial, si bien copan el 70 por ciento de las designaciones para altos cargos efectuadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) –según datos de prensa. Victoria Rodríguez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, concluye en su tesis doctoral, “La Politización de la Justicia: instrumentos a favor de una mayor separación de poderes como presupuesto necesario para una democracia de calidad” 2015, que el poder judicial está politizado.

Muchas veces resulta difícil ver la línea roja que separa la Política de la Justicia. Son muchas las veces, demasiadas diría yo, que los políticos intentan eliminar esa línea. La deriva del CGPJ ha sido constante desde que el gobierno de Felipe González decidiera modificarlo en 1985 para que “todos los jueces y sus miembros fueran elegidos por el parlamento”. Hay que recordar que previamente había jueces que eran elegidos entre ellos, lo cual funcionaba muy bien. Pero entonces se pasó a que diez los eligiera el Congreso y diez el Senado. Las claves del libro, de la profesora Rodríguez, es que confirma las sospechas de unos ciudadanos que sitúan a España a la cola junto con Bulgaria en el grado de percepción de la politización de la Justicia. A la pregunta de qué intereses tiene la clase política en controlar los altos tribunales, su respuesta no deja lugar a dudas: “porque son los partidos políticos los que ventilan en estas altas instancias judiciales y en condición de aforados las acusaciones de corrupción y otras cuestiones importantes”.

Si en 1985, cuando el partido socialista aprovechó la mayoría parlamentaria que poseía para reformar la Ley del Poder Judicial, se cargaron la independencia del poder judicial enterrando al barón de Montesquieu, el filósofo que defendió la independencia de los tres poderes del Estado. Ahora, cuando el PSOE ve que la justicia no se dobla a sus deseos, emprende inmediatamente el cambio de las cosas y vuelve a sacar los restos del filósofo para incinerarlo. Así lo hace con el nombramiento, como fiscal general del Estado, de la socialista Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y diputada del PSOE que en las últimas elecciones pedía el voto para el partido socialista. Pero lo peor es que a Sánchez ni siquiera le preocupa que tenga la más mínima apariencia de independencia. Tras arrasar con la Abogacía del Estado, forzando a esta institución a cambiar su opinión respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras para poder ser investido, el presidente destroza ahora la Fiscalía General del Estado para acabar con la judicialización del que ahora llama “conflicto político catalán”, así como para blindar a su vicepresidente Pablo Iglesias de las indagaciones de la fiscalía boliviana que investiga si el dinero procedente del narcotráfico sirvió para financiar a Podemos.

Si en 2006, Cándido Conde Pumpido, el fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, a los tres días de llegar a la presidencia degradó el cargo que representaba afirmando aquello de que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”, en relación a que los fiscales se adaptarían a la situación política en relación con el “alto el fuego” declarado por ETA. Ahora, por desgracia, veremos otro fiscal general del Estado, Dolores Delgado, degradando nuevamente el cargo y exonerando a los sediciosos catalanes puestos en prisión por el Tribunal Supremo. El epígrafe introducido por el PSOE en su propuesta progresista, “Justicia independiente”, es tanto como reconocer que la Justicia no lo es. El que la justicia esté atada, o dependa del poder político, es algo especialmente grave si tenemos en cuenta que la Justicia, el poder judicial, en definitiva, debería de ser, el gran garante del Estado de derecho y de la separación de poderes, controlando especialmente al poder ejecutivo frente a sus excesos.

La decisión del PP de no pasar por el aro socialista a la hora de pactar la reforma de órganos judiciales clave no solo es coherente, sino que supone un acierto político evidente. Lo que pretende el Gobierno social comunista no es otra cosa que derribar los muros de contención del Estado de Derecho para servir a los intereses de los separatistas catalanes. Que Sánchez apele a un pacto con el PP justo a la vez que cometía la indignidad de convertir a Dolores Delgado en fiscal general del Estado es revelador de hasta dónde llega su desvergüenza. La politización de los órganos judiciales por parte del PSOE no tiene precedentes y su objetivo tampoco: se trata de desjudicializar el procés y liberar al golpismo de cualquier responsabilidad penal. Por eso Dolores Delgado será fiscal general del Estado: para debilitar al Estado y pagar el precio al golpismo de su apoyo a la investidura.

José Antonio Puig Camps. AGEA Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)

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Publicado 19-01-2020