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MI Frase
"Cuando la vista se cruza con el deseo, haz que impere la razón".
(José A. Puig)





domingo, 23 de febrero de 2020

LA INADMISIBLE EUTANASIA


Los esfuerzos por cambiar políticas gubernamentales sobre la eutanasia en los siglos XX y XXI han tenido un éxito limitado. La eutanasia, como acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, es legal en Países Bajos, Canadá, Bélgica, Colombia​ y Luxemburgo. En el campo del derecho a la muerte digna, la referencia sigue estando en Europa: Holanda fue el primer país del mundo que legalizó la eutanasia, en el 2002, pocos meses antes de que lo hiciera Bélgica. Luxemburgo la incorporó a su legislación en el 2009. En España, tras dos años de bloqueo, la ley de la eutanasia ha vuelto al Congreso y esta vez sí, ha comenzado ya su tramitación con los votos a favor de todos los grupos excepto PP y Vox. Una ley que, por ahora, será el propio paciente el que tenga que solicitar la eutanasia, de forma libre, voluntaria y consciente. No podrá hacerlo ningún familiar, ni padres, ni hijos ni cónyuges. Una ley conflictiva y sin garantías suficientes para el enfermo que, por su enfermedad avanzada o en situación terminal, atraviesa estados de depresión que los incapacita para tomar esa decisión.
La inaceptabilidad de esa ley queda perfectamente establecida en varios documentos que, a modo de ejemplo, plantean instituciones y científicos. La Conferencia Episcopal Española difundió un amplio documento sobre la eutanasia –Sembradores de Esperanza-, presentando un debate social sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna. Varios investigadores del Observatorio de Bioética de la UCV, en su documento “La eutanasia que nos llega. Reflexión médica, jurídica y moral”, advierten de los problemas que la ley sobre la eutanasia planteará a la sociedad española en su conjunto. El doctor Manuel Martínez-Sellés, catedrático de Medicina y jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en su libro, “Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología”, se introduce en un debate sobre la eutanasia, el sentido del sufrimiento y la libertad de elección a través de su propia experiencia con argumentos científicos y bioéticos. Un debate resumido en cuatro motivos por los que la eutanasia es siempre inaceptable. Su claridad es tal que los expongo a continuación.
El primer motivo es que la aceptación de esa ley introduce a la sociedad en una pendiente resbaladiza, ya que tiende a hacerse especialmente accesible y dirigida de forma prioritaria a las clases económicamente más débiles, los grupos étnicos desfavorecidos y a las personas más vulnerables.
El segundo motivo es la falta de autodeterminación real, como decía anteriormente, al encontrarse en una situación terminal con grandes depresiones se solicita que acaben con su vida en unas condiciones que no están mentalmente sanos ni conscientes, por lo que la autonomía es cuestionable.  Expresiones como “me quiero morir” o “no quiero seguir luchando” dependen mucho del estado de ánimo del paciente y de sus sentimientos cambiantes. Ciertamente es un deber moral tratar de aliviar los sufrimientos de los pacientes crónicos e incurables, pero no eliminar a dichos pacientes para acabar con sus sufrimientos. Tampoco parece tolerable el argumento de dolor intolerable, al existir remedios terapéuticos suficientes para eliminarlo, especialmente con los Cuidados Paliativos.
El tercer motivo es que se reducen los cuidados paliativos, unos cuidados que son la respuesta médica adecuada al dolor y al sufrimiento; la aceptación de la eutanasia conlleva una disminución de los medios destinados a estos cuidados. También, con una eutanasia legalizada, los incentivos para investigar nuevos tratamientos de cuidados paliativos son menores, por lo que, a efectos prácticos, la eutanasia limita el desarrollo de este tipo de cuidados paliativos al ser caros. Lo barato es la eutanasia.
Por otra parte, cuarto motivo, se produce una deformación del sentido médico. El deber de todo médico de intentar curar y/o mejorar a sus pacientes desaparece con la eutanasia que, además, deteriora la confianza médico-paciente. La eutanasia es contraria al juramento hipocrático e implica una ruptura deontológica con grandes consecuencias sobre la profesión médica. Los médicos que entran en una mentalidad eutanásica la incorporan a toda su visión profesional, y puede ser un camino de no retorno. El galeno deja de ser un “salvavidas” y se transforma en “quitavidas”: su sentido cambia por completo. Instituciones profesionales especializadas en este asunto, como el Colegio General de Médicos, manifiesta que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa de éste (Código Deontológico, Art. 36, apartado 3).
Como indican las encuestas del CIS, o las páginas web del INE, no aparece como unos de los problemas prioritarios la eutanasia, por lo que afirmar que es una demanda social entra de lleno en un argumento falso. Cómo el de afirmar que el proyecto de ley para legalizar la eutanasia está en los países de nuestro entorno, pues de los 29 países de la UE, la eutanasia y el suicidio asistido, solamente están legalizados en tres: Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y el suicidio asistido en Suiza.
En la ley propuesta por Unidas Podemos, se hace hincapié en que en la solicitud de la eutanasia debe prevalecer la autonomía de los pacientes sobre el valor de la vida humana. Conviene tener presente que el ejercicio de la autonomía solamente es lícito éticamente si al ejercerla se persiguen fines lícitos, es decir, orientados hacia el bien del sujeto y no a provocarle un daño. Abordar el sufrimiento humano pretendiendo eliminar a las personas que lo padecen es, ante todo, un  fracaso  del  sistema  asistencial,  pero  también  de  la  sociedad moderna.

José Antonio Puig Camps. AGEA Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)
Blog: http://josantoniopuig44.blogspot.com.es/
Twitter: @japuigcamps
Publicado 23-02-2020

domingo, 19 de enero de 2020

POLITIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES


Suele tomarse como síntoma de politización la arbitrariedad en el reparto de los cargos. Según la vox populi, algunas asociaciones judiciales funcionan como apéndices de los principales partidos políticos. En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (con un 29% de los afiliados entre la judicatura) junto a Jueces para la Democracia (con un 12% de afiliación) ambas en conexión, respectivamente, con el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ambas asociaciones suman solamente el 41 por ciento de la carrera judicial, si bien copan el 70 por ciento de las designaciones para altos cargos efectuadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) –según datos de prensa. Victoria Rodríguez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, concluye en su tesis doctoral, “La Politización de la Justicia: instrumentos a favor de una mayor separación de poderes como presupuesto necesario para una democracia de calidad” 2015, que el poder judicial está politizado.
Muchas veces resulta difícil ver la línea roja que separa la Política de la Justicia. Son muchas las veces, demasiadas diría yo, que los políticos intentan eliminar esa línea. La deriva del CGPJ ha sido constante desde que el gobierno de Felipe González decidiera modificarlo en 1985 para que “todos los jueces y sus miembros fueran elegidos por el parlamento”. Hay que recordar que previamente había jueces que eran elegidos entre ellos, lo cual funcionaba muy bien. Pero entonces se pasó a que diez los eligiera el Congreso y diez el Senado. Las claves del libro, de la profesora Rodríguez, es que confirma las sospechas de unos ciudadanos que sitúan a España a la cola junto con Bulgaria en el grado de percepción de la politización de la Justicia. A la pregunta de qué intereses tiene la clase política en controlar los altos tribunales, su respuesta no deja lugar a dudas: “porque son los partidos políticos los que ventilan en estas altas instancias judiciales y en condición de aforados las acusaciones de corrupción y otras cuestiones importantes”.
Si en 1985, cuando el partido socialista aprovechó la mayoría parlamentaria que poseía para reformar la Ley del Poder Judicial, se cargaron la independencia del poder judicial enterrando al barón de Montesquieu, el filósofo que defendió la independencia de los tres poderes del Estado. Ahora, cuando el PSOE ve que la justicia no se dobla a sus deseos, emprende inmediatamente el cambio de las cosas y vuelve a sacar los restos del filósofo para incinerarlo. Así lo hace con el nombramiento, como fiscal general del Estado, de la socialista Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y diputada del PSOE que en las últimas elecciones pedía el voto para el partido socialista. Pero lo peor es que a Sánchez ni siquiera le preocupa que tenga la más mínima apariencia de independencia. Tras arrasar con la Abogacía del Estado, forzando a esta institución a cambiar su opinión respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras para poder ser investido, el presidente destroza ahora la Fiscalía General del Estado para acabar con la judicialización del que ahora llama “conflicto político catalán”, así como para blindar a su vicepresidente Pablo Iglesias de las indagaciones de la fiscalía boliviana que investiga si el dinero procedente del narcotráfico sirvió para financiar a Podemos.
Si en 2006, Cándido Conde Pumpido, el fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, a los tres días de llegar a la presidencia degradó el cargo que representaba afirmando aquello de que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”, en relación a que los fiscales se adaptarían a la situación política en relación con el “alto el fuego” declarado por ETA. Ahora, por desgracia, veremos otro fiscal general del Estado, Dolores Delgado, degradando nuevamente el cargo y exonerando a los sediciosos catalanes puestos en prisión por el Tribunal Supremo. El epígrafe introducido por el PSOE en su propuesta progresista, “Justicia independiente”, es tanto como reconocer que la Justicia no lo es. El que la justicia esté atada, o dependa del poder político, es algo especialmente grave si tenemos en cuenta que la Justicia, el poder judicial, en definitiva, debería de ser, el gran garante del Estado de derecho y de la separación de poderes, controlando especialmente al poder ejecutivo frente a sus excesos.
La decisión del PP de no pasar por el aro socialista a la hora de pactar la reforma de órganos judiciales clave no solo es coherente, sino que supone un acierto político evidente. Lo que pretende el Gobierno social comunista no es otra cosa que derribar los muros de contención del Estado de Derecho para servir a los intereses de los separatistas catalanes. Que Sánchez apele a un pacto con el PP justo a la vez que cometía la indignidad de convertir a Dolores Delgado en fiscal general del Estado es revelador de hasta dónde llega su desvergüenza. La politización de los órganos judiciales por parte del PSOE no tiene precedentes y su objetivo tampoco: se trata de desjudicializar el procés y liberar al golpismo de cualquier responsabilidad penal. Por eso Dolores Delgado será fiscal general del Estado: para debilitar al Estado y pagar el precio al golpismo de su apoyo a la investidura.

José Antonio Puig Camps. AGEA Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)
Blog: http://josantoniopuig44.blogspot.com.es/
Twitter: @japuigcamps
Publicado 19-01-2020

viernes, 29 de noviembre de 2019

UNA OPORTUNIDAD POLÍTICA NUNCA SOÑADA


La sociología política nos pone de manifiesto que toda acción política realizada por cualquier colectivo se alimenta de intereses (objetivos definidos), organización (persistencia en el tiempo), movilización y estructura de oportunidad política (EOP: conjunto de variables políticas que favorecen –en el caso español- la aparición de una acción colectiva) con posibilidad de influir en la articulación del poder. El concepto de EOP fue elaborado por Eisinger (1973) y posteriormente clarificado y especificado por Sidney Tarrow (1987) y por Hanspeter Kriesi (1992). Eísinger y Kriesi establecen un conjunto de variables que configuran el momento de toda oportunidad política, uno de ellos, y tal vez el que más se acopla a la situación actual española, es si el Estado es fuerte o débil. Un Estado débil pone en manos de los colectivos provocadores las acciones a tomar con el fin de derrocarlo, y si además ese Estado débil utiliza un grado de represión blandengue las acciones de sus desafiadores van a ser cada vez más sediciosas y, por descontado, más exitosas.   
En España vemos con claridad un ejemplo de la estructura de oportunidad política ante un mal gobierno. Una oportunidad que se refleja en la debilidad del actual presidente en funciones. No lo digo yo, lo dice el diputado y portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián: "Cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez débil y derrotado, se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo". Un inquilino de Moncloa que lleva más tiempo sin someterse a ningún tipo de control, ni en el Congreso ni en el Senado, con un agravante: lo hace con el menor grupo propio que nunca ha tenido un presidente en ejercicio, los apenas 80 diputados al inicio ahora reconvertidos, tras las segundas Generales, a 120. Es el récord más triste de Sánchez que le convierte en el presidente más oscuro. Un presidente que lleva en funciones casi 600 días, más tiempo que el record alcanzado por Mariano Rajoy (314 días). Un presidente que no gobierna sino que pacta y, además, con quien lo está haciendo: nacionalistas, secesionistas, separatistas, comunistas, chavistas…. Un presidente que miente y no da la cara y, por ende, un mal gobierno que es pasto de las alimañas ansiosas de poder a costa de destruir un patrimonio de todos los españoles, la Nación Española.
Un gobierno en funciones, con su presidente a la cabeza, que alarga su interinidad con tal de no perder sus diezmados poderes, su sillón en la Moncloa, sus viajes en avión privado o sus periplos por todo el mundo. Si algo faltaba en este presidente -tan orgulloso de tildar de corruptos al PP para conseguir ganar la moción de censura ayudado por los destructores de España- y en su partido PSOE, ha sido la sentencia de los EREs en Andalucía. Una condena que ha marcado un antes y un después de la corrupción en España, tanto por su cuantía -680 millones de euros robados, y va subiendo- como por los acusados: dos presidentes del PSOE, un secretario general, 3 ministros y un ex vicepresidente del Gobierno de España a sendas penas de cárcel e inhabilitación por los ERE de Andalucía. "No es lo mismo que Gürtel", repiten los socialistas de plató y de ejecutiva como José Bono, que se sienta cada semana en el duopolio televisivo para decir que aún “cree a pies juntillas en la honorabilidad de los expresidentes de la Junta", pero que no contesta nada porque nada se le pregunta sobre su patrimonio inmobiliario visible de 11 millones euros, sus hípicas y el curso de la primogénita en Lausana a 70.000 el curso.
Pero todo esto no es una visión parcial del personaje ya que hasta el CIS lo reconoce: Sánchez genera ninguna o poca confianza en el 76’1% de los españoles.  El CIS ha publicado este jueves su primer barómetro tras las elecciones del pasado 10-N. No obstante, el trabajo de campo se realizó antes de los comicios. En esta ocasión, José Félix Tezanos no ofrece información sobre intención de voto, pese a que era lo esperado. Todo Estado débil, como el nuestro, incapaz de tomar las riendas ante los desafíos de los sediciosos catalanes, es pasto para que otros colectivos, como los vascos, quieran también un trozo de tarta. Así lo manifiesta el socio preferencial del PSOE, UP, defendiendo el ‘derecho de autodeterminación’ del País Vasco y considerando urgente la actualización del Estatuto de Guernica para que "que contemple retos" como, entre otros, "cómo articular el 'derecho a decidir'". Y ello justo antes de la reunión PSOE-ERC. Un presidente en funciones que lejos de negarse a aceptar la exigencia de ERC de un referéndum separatista, ha ordenado buscar fórmulas que, orillando la Constitución, forzándola al extremo, permitan satisfacer las demandas de los independentistas.
Los futuros socios, las alimañas con ansias de destruir la Nación Española, ya tienen el campo abonado. Bildu (pro etarra) con Otegui al frente, está a punto tras el acuerdo de Navarra de conseguir la transferencia de las Prisiones y la elaboración de un "modelo penitenciario propio" o un sistema orientado a la reinserción de los presos,  mediante la gestión de las cárceles. A “Mas País” de Errejón darle visibilidad permitiendo que los partidos que actualmente integran el Grupo Mixto en el Congreso -entre ellos, 8 diputados de sus eventuales apoyos para el Gobierno social comunista-, puedan disponer de ventajas de cara a la nueva legislatura. A UP (comunista y chavista) de Pablo Iglesias una vicepresidencia y cuatro ministerios en el futuro gobierno. A ERC (separatista y secesionista), con su portavoz Rufián –el que quita y pone gobiernos-, dándoles cancha periodística y haciéndolos imprescindibles para desbloquear la situación política mediante un ejecutivo formado PSOE y UP. Al PNV más poder, más dinero y la gestión de la Seguridad Social, lo cual ya se recoge en el Estatuto de Guernica. Y para España un futuro lleno de inseguridad, con unas terceras elecciones apretando, con los empresarios alterados por la imprevisible gestión, con un paro en ascenso, con una desestatización callejera,  y con un apoyo secesionista, comunista y pro etarra que ya se ven comiendo el turrón navideño en la misma mesa que el nuevo ejecutivo. Una oportunidad política que ni en sueños hubieran previsto.

José Antonio Puig Camps. AGEA Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)
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Twitter: @japuigcamps
Publicado 30-11-2019