El Estado de Derecho es aquel en el que los poderes públicos y los ciudadanos quedan obligados a cumplir las leyes y normas publicadas y vigentes, una vez debatidas y aprobadas de forma democrática por los representantes del pueblo (Congreso y Senado); igual obligación existe con las sentencias de los tribunales.
Los nacionalismos centrífugos contrarios a la nación española siempre han aprovechado cualquier desorden en España para dar un empellón a sus deseos separatistas. Ya lo hicieron en la II República española ante el desorden imperante, aprovechado por Companys en octubre de 1934, para proclamar la Republica Catalana. Tras la muerte de Franco se lleva a cabo algo que parecía imposible: la reconciliación de todos los españoles. Una reconciliación que permitirá firmar una Constitución en 1978, ratificada por Congreso y Senado, firmada por Juan Carlos I y aprobada en referéndum por el 87,78% de los españoles. Este hecho fue conocido como la Transición, el motor de la transformación del país gracias al consenso y el diálogo de los dirigentes políticos. Donde se logró desmantelar la dictadura e instaurar una democracia homologable a las europeas.
Durante las últimas cuatro décadas, el PSOE ha logrado la confianza de distintos espacios sociales y territoriales, gobernando en las 17 comunidades autónomas y consiguiendo que tres presidentes socialistas hayan llegado al Palacio de la Moncloa. La economía, sin embargo, fue su talón de Aquiles: con Felipe González (3,5 millones de parados), con José L. Rodríguez Zapatero (que dejó una economía al borde del rescate de la UE y con 5 M de personas en el paro) y con un Pedro Sánchez que responsabiliza su situación económica a causas ajenas a su control: la pandemia y la guerra de Ucrania. Una característica en este partido es la tendencia a identificar la misma idea de España con el conservadurismo y la confesionalidad, así como arrogarse la patente de la igualdad y el Estado del bienestar o benefactor de las clases humildes. Esta creencia ha calado en una gran parte del electorado de izquierdas, su alta base electoral, permitiéndole, haga lo que haga, estar siempre en línea de salida a la victoria. Cuando la izquierda ve que esa línea de salida no le da la ventaja electoral esperada, pone entonces en marcha el plan B: pretender engañar con astucia y halagos a costa de lo que sea.
Los socios de investidura, que cada vez se fían menos de las mentiras de Pedro Sánchez, le ponen el listón más alto para asegurarle el sillón en la Moncloa. La hoja de ruta marcada por los partidos independentistas catalanes para respaldar la anterior investidura y apuntalar el Gobierno de coalición social-comunista, se cumplió al pie de la letra: indultos a los condenados por el procés, eliminación del delito de sedición y la reforma, casi a la carta, del de malversación. Si esto mostró claramente la claudicación de un Ejecutivo a las exigencias de ERC, ahora deberá someterse a las exigencias de Junts que le piden la amnistía y la condonación de las deudas de la Generalitat con el Estado español.
El precio a la investidura de Sánchez lo describen con total claridad: “No investiremos a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña, esto pasa por abordar la amnistía y la autodeterminación”. Así de tajante se muestran desde el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) que, junto con Esquerra Republicana (ERC), exigen una nueva ley de amnistía en España. Una amnistía que nunca será de la reconciliación, sino la amnistía de la subordinación al separatismo. No es la amnistía de la fundación de la España democrática, sino la amnistía que sella su liquidación. Es, en definitiva, la amnistía de la pérdida del Estado de Derecho.
