Un conflicto de interés surge
cuando las relaciones personales, profesionales, financieras o de otra índole,
interfieren o pueden interferir con la objetividad o lealtad que obliga el
poder del Estado con sus ciudadanos. El
riesgo de que
se plantee un
conflicto de intereses
puede surgir en
dos niveles: a
nivel institucional, y
a nivel personal.
El conflicto es
de carácter institucional cuando una organización no
puede prestar servicios imparciales, su objetividad para cumplir su misión se
ve o puede
verse menoscabada, o
tiene una ventaja
competitiva injusta. La falta de
objetividad y de previsibilidad de los poderes públicos es causa de grandes
problemas para el conjunto de la sociedad civil en general y para los
ciudadanos en particular. Todo conflicto de intereses está íntimamente
relacionado con la corrupción y están presentes en numerosas decisiones de la
vida de profesionales, directivos y empleados,
así como de
las empresas y
organizaciones, públicas o
privadas.
Actualmente estamos viviendo la
gran mentira de las instituciones públicas donde los gobernantes trazan su hoja
de ruta en función de sus intereses particulares o de partido sin importarles
las consecuencias. Cuando los intereses de parte quieren imponerse a los
generales aparece el caos institucional y la sublevación ciudadana. Ante el
desorden es obligación de todo gobierno establecer de forma inmediata, por el
bien de la institución que se representa y por su fiabilidad, el orden y la armonía.
El conflicto del taxi que, en ciudades como Madrid y Barcelona, ha puesto en peligro
la convivencia ciudadana, ha mostrado el perfil de los gobiernos respectivos. Dos
ejemplos que han mostrado el perfil del gobernante ante situaciones de gravedad.
Por un lado, Ada Colau -presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y
alcaldesa de Barcelona- que se ha escondido ante el problema, mostrando la cara
más amarga de todo gobernante cual es el culpar a otros de su ineficacia, tomar
parte en favor del sector del taxi y concederles todo lo solicitado. Por otro, la de Ángel Garrido –presidente de la
Comunidad de Madrid- con su firmeza y resistencia ante el chantaje del sector y
que, a pesar de la tensión sufrida, no ha cedido ni un milímetro. Un conflicto
que, al igual que otros tanto como hemos visto a lo largo de los últimos años, sirve
para mostrar ante la opinión pública el coraje y personalidad de los
gobernantes.
El transporte ha sido una
necesidad para el hombre desde que el mundo es mundo. Con el paso de los
siglos, la necesidad se ha ido convirtiendo en realidad económica, y tras ello
en pujante sector económico en el más pleno sentido de la acepción. De hecho,
se trata de un sector económico del que todos los demás sectores dependen
fuertemente, puesto que tanto los productos, como las materias primas, como los
componentes necesarios para ensamblar otros productos finales, como los propios
trabajadores, cada vez más, dependen de su transporte. Las nuevas tecnologías,
que tan rápidamente están emergiendo en nuestros días, están impactando y
transformando el sector del transporte, a la par que en otros muchos como el de
las comunicaciones. Estas últimas fueron ya objeto de un cambio drástico a
partir de la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones, donde el monopolio de
Telefónica dejo paso a segundos operadores, garantizando así la existencia de
una competencia efectiva en dicho sector. Era impensable que en España, al
igual que sucede en otros muchos países democráticos y de libre mercado, se
mantuviera un monopolio en un campo tan competitivo y expansivo como el de las
comunicaciones digitales.
Las tecnologías digitales inciden
en nuestras vidas con tal fuerza que están reprogramando nuestra sociedad y,
con ello, la política de los Estados. Aquellos países que no estén preparados
para asumir los cambios económicos y sociales que ello conlleva, llevaran el
caos al país por incapacidad de prevenir el tsunami de estas previsibles
transformaciones estructurales. Estamos viviendo un cambio de era que está
poniendo en evidencia a gobernantes y sectores incapaces de asumirlo. Un cambio
de era que será más traumática que cualquier otra ya vivida, puesto que el
avance tecnológico está obligando a que muchos puestos de trabajo sin
cualificación adecuada desaparezcan. El progreso es imparable y nadie, que no
esté preparado, podrá detenerlo, ni con huelgas, ni con manifestaciones y mucho
menos con chantajes. Es el momento en que gobierno, empresarios y trabajadores
empiecen a ser consciente de la importancia de la formación de los
trabajadores, tanto actuales como futuros. Los gobiernos no pueden poner parches
a base de regulaciones y decretos a los conflictos que, como el del taxi, se
van a presentar. Es necesario un marco legal adecuado que permita a empresas y
trabajadores adecuarse a esta nueva era digital.
El enconado conflicto entre taxis
y vehículos de alquiler con conductor (VTC) es quizá la mejor muestra de la
fractura múltiple que sufre nuestro modelo socioeconómico ante la revolución
tecnológica y la globalización. La solución no puede venir de diagnósticos
simplistas basados en conceptos obsoletos, sino de una visión renovada de lo
que significa el trabajo y la competencia en una sociedad abierta a la
innovación pero capaz de corregir las injusticias de ciertos mercados. Se debe
poner una solución estructural al conflicto, el cual no pasa solo por atender
los intereses de políticos y conductores (taxistas o VTC), sino de los
intereses de los usuarios, que se benefician en calidad y cantidad de la
diversificación de la oferta. También de la sociedad en general que con este
aumento de la movilidad esporádica ha conseguido una palanca para reducir el
uso e incluso la adquisición del vehículo privado, con lo que supone de mejora
ambiental en términos de menor congestión e incluso mayor uso del transporte
público. Así pues, se trata de equilibrar la innovación con la protección de
ciertos derechos, tanto de los taxistas, como de los conductores de VTC y velar
asimismo por el conjunto de ciudadanos. La peor de las soluciones es la de
mantener el conflicto de intereses como el que abandera la alcaldesa Colau,
fosilizando el problema en una regulación de la era analógica.
José Antonio
Puig Camps. AGEA Valencia (Dr. Ingeniero y Sociólogo)
Blog:
http://josantoniopuig44.blogspot.com.es/
Twitter:
@japuigcamps
Publicado 8-01-2019
