El Partido Socialista (PSOE), ante las malas expectativas electorales tras siete años de gobierno (¿?) utiliza, una vez más, las desgracias para hacer oposición. Ya lo hizo Zapatero con los atentados del 11.03.2004 (conocido por el 11M) para tomar el gobierno que hasta ese momento lo tenía difícil. Pedro Sánchez mantiene la misma estrategia, iniciada con la COVID, luego con la Dana y ahora con los incendios: endilgar los problemas a la oposición, tensionar la situación y no dar explicación alguna de lo sucedido. ¿Que cuentas ha dado el Gobierno de la mala gestión en la pandemia, o del apagón del 28 de octubre pasado, o del caos ferroviario, o de la mala coordinación de los incendios o …? Nada.
La estrategia ante su incompetencia se vio en la COVID. En España hubo, hasta el verano de 2023, 122.000 muertos, pero solo se ha hablado de 7.291 en Madrid imputados a Ayuso, pero no dicen nada del total en Cataluña que fue prácticamente el mismo. Si hablamos de muertes por cien mil habitantes, la lista la encabezan: Aragón y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por socialistas junto a la de Asturias. Destacando al País Vasco. Pero nadie en el PSOE y sus medios habla de ello. Con los incendios pasa lo mismo que con la Dana: medir los tiempos de ayuda, una estrategia tremendamente eficaz del Gobierno de Sánchez para mostrarse luego como salvador de los desastres. Nunca plantearon declarar la emergencia nacional y así desacreditar a los gobiernos autonómicos, esperando vender luego las ayudas, desde Moncloa, como rescate a las víctimas por la incapacidad del PP.
La estrategia del gobierno por rehuir las responsabilidades propias y criticar al oponente está trasladando a la ciudadanía la idea de que una de las trabas para afrontar las emergencias como la del COVID, la Dana de Valencia, la crisis migratoria o los incendios forestales, es la existencia de una administración multinivel. Cinco días tardó Protección Civil en preguntar a las CCAA por sus medios aéreos desde que comenzó lo peor de los incendios forestales de agosto. Dos días después, a los siete días, las tanteó sobre cuáles eran los medios terrestres que disponían. Y mientras tanto, las comunidades eran las que por su propia iniciativa y al margen del Gobierno llevaban poniéndose en contacto unas con otras para saber qué podían prestarse para ayudar en las labores de extinción (las CCAA del PP movilizaron 23.718 operarios frente a 11.853 del Estado). No puede dejarse el sistema de emergencias a la voluntad o capacidad del político de turno para que al final termine con una discusión competencial.
La Ley de Montes (43/2003) opta con claridad por la colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones públicas para beneficio de un medio forestal que no entiende de fronteras administrativas. La principal causa de la falta de prevención de nuestras administraciones públicas es la creciente politización y falta de técnicos profesionales. Cada vez tenemos menos profesionales al frente de los sistemas de emergencia y más políticos en ámbitos que deberían reservarse a los que tiene el conocimiento técnico para decidir lo que hay que hacer. Es un error dejar toda la carga competencial en manos de unas administraciones autonómicas claramente desbordadas por la magnitud de los incendios (400.000 Ha), frente a la estrategia del cálculo partidista de un Gobierno que le sobra sectarismo y le falta idoneidad técnica para gestionar y legislar con un mínimo de eficiencia.
La realidad es que faltan planes municipales y autonómicos de prevención de incendios forestales (previstos por la Ley de Montes) y que el Gobierno tampoco ha aprobado unos criterios comunes para elaborarlos. Planes que deberían: Fomentar la gestión activa de los bosques (especialmente en zonas protegidas: limpieza, desbroce y reducción de biomasa acumulada). Incentivar la economía forestal (fiscalidad favorable). Facilitar la actividad rural y repoblación del medio rural. Reorientar inversión hacia la prevención. Emplear soluciones innovadoras para adaptarse a la realidad del fuego como amenaza constante. Esto es la estrategia que la ciudadanía aplaudiría y no la del cálculo político cortoplacista del Gobierno que tensiona y crea odio en la sociedad. Si el Estado no es capaz de entender que ante este tipo de calamidades la competencia natural es al más alto nivel estamos perdidos.
José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)
Publicado 31-08-2025
