Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre el sentido de la migración ya que España ha sido tradicionalmente un país emigrante. En la década de 1880 se produjo en nuestro país una de las mayores oleadas migratorias de salida de españoles hacia América (Argentina, Méjico, Cuba, Venezuela). En siglo XX se amplió hacia Europa (Francia, Alemania, Suiza), pero también recibió oleadas migratorias en distintas épocas: sefardíes, árabes, judíos, gitanos y europeos del norte. Con la modernización económica y la integración en la Comunidad Económica Europea, se transformó España de un país emisor de emigrantes a un receptor de inmigrantes tras siglos de ser principalmente un país de emigración. El fenómeno masivo de la inmigración comienza en España a finales de 1980. Siendo masivo y sostenido a partir de la década de 2000. Hoy, alrededor del 15% de la población residente en España es extranjera (más de siete millones de personas), siendo el fenómeno social, económico y político más importante que genera preocupación en un 80% de la sociedad española.
Desde hace más de dos décadas, personas de Latinoamérica, África, Europa del este y Asía han elegido nuestras ciudades y pueblos como su hogar. Trabajan en nuestros campos, en nuestros hospitales, en nuestras empresas y en nuestras casas. Contribuyendo con sus impuestos, con su trabajo y con su cultura a construir el país en el que vivimos. Negar esta realidad sería ignorar que la España del siglo XXI es diversa y mestiza. Según el Instituto Nacional de Estadística, todo el crecimiento de la población se debe a la inmigración, al igual que gran parte del crecimiento económico: tres de cada cuatro nuevos empleos los ocupan personas extranjeras, y esta tendencia aumentará. Dada nuestra renuncia a tener hijos, solo la inmigración garantiza el crecimiento demográfico y económico. La insistencia del Ejecutivo en que la inmigración es necesaria, cuestión cierta, también lo es que requiere la aceptación realista de que los medios para gestionarla no son infinitos.
Puesto que el fenómeno migratorio parece ineludible y tiene profundas consecuencias para la sociedad española, ¿cómo deberíamos afrontarlo de manera efectiva? Como sucede con muchos debates políticos, si se lleva al terreno emocional, es difícil encontrar una solución sin caer en una confrontación emocional y polarizada. La prioridad para cualquier gobierno europeo debe ser promover la inmigración legal. Una vía que está fracasando estrepitosamente. Ante ello, nuestro Gobierno está facilitando la regulación de inmigrantes irregulares mediante políticas de regulación masiva y de arraigo. Una actitud que se une a su dificultad para ejecutar las órdenes de expulsión (algo más del 20% de estas órdenes se cumple). Todo ello evidencia una clara incapacidad para gestionar eficazmente el control migratorio.
La realidad migratoria y su gestión debe evitar debates polarizantes centrados en las características o actitudes de los inmigrantes, siendo fundamental que el Gobierno asuma su responsabilidad de gestionar los flujos migratorios de manera eficaz y legal. Su incapacidad para hacerlo no puede ser excusa para mantener un modelo migratorio distorsionado, referido a la entrada y permanencia de personas sin documentación necesaria, causada por la falta de canales legales efectivos y desajustes entre la demanda laboral y la oferta de empleo. Una situación que está provocando exclusión social y la necesidad de políticas de regularización. En definitiva, para abordar la inmigración, se requieren políticas realistas, encaminadas a la inmigración legal y a la integración de los inmigrantes. Nunca acudir al objetivo de la polarización ni abandonarse al conformismo, como ocurre en España.
El conflicto político en torno a la gestión de la inmigración y el reparto obligatorio de los Mena (menores de 18 años extranjeros no acompañado) desde Canarias, Ceuta y Melilla ha agudizado la percepción de ausencia e improvisación política de Estado en una cuestión sensible para la población. Una inquietud reflejada en la encuesta de Sigma Dos, donde la ciudadanía demanda medidas más duras de control migratorio: 8 de 10 encuestados quieren reformar la Ley de Extranjería para aumentar la deportación de los inmigrantes que cometan delitos. Las políticas progresistas no han sido eficaces.
